Al mismo tiempo, el Congreso, conformado en su gran mayoría por diputados de oposición y presidida por un liberacionista, ha manifestado su disposición a tomar ese reto y continuar con la aprobación de legislación importante, tal y como lo ha hecho hasta ahora en temas como la reforma fiscal, el Reglamento de la Asamblea Legislativa y las pensiones de lujo.

Ciertamente, gracias al espíritu de negociación y concertación que prevalece en Cuesta de Moras, fue posible evitar una crisis fiscal de grandes dimensiones y asegurar la necesaria estabilidad económica.

Pero no debemos engañarnos; retomar el camino de un crecimiento vigoroso y sostenido -única manera de mejorar la calidad de vida de los costarricenses- requerirá de pasos adicionales y un férreo compromiso de reforma de parte de todas las fuerzas políticas.

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Por esa razón, son bienvenidas las intenciones del Presidente y las positivas reacciones de los diputados. Aunque el control de la agenda legislativa corresponderá en este período al Poder Ejecutivo, lo que ahora procede es que Gobierno y fracciones legislativas se pongan de acuerdo en cuanto a las prioridades y establezcan un calendario de trabajo realista que garantice resultados en el corto y mediano plazo.

Para este semanario la prioridad debe ser aquellos proyectos que favorezcan la reactivación de la economía y racionalicen el accionar del Estado, con el fin de enviar un mensaje claro a los diferentes actores y que estos tengan certeza del norte que se ha fijado y, en consecuencia, puedan tomar sus decisiones de inversión, producción y consumo en un ambiente de certidumbre.

En este sentido, destaca el proyecto para flexibilizar las jornadas laborales y actualizar su marco jurídico, una propuesta que ha dormido el sueño de los justos por demasiado tiempo, a pesar de la reiterada insistencia de sectores empresariales claves y de sus trabajadores.

También, el que pretende promover la amnistía y el arreglo de pago con la CCSS de parte de los trabajadores independientes y las pequeñas empresas, pues es indispensable que estos actores se regularicen y actúen dentro de la formalidad, sin olvidar, sin embargo, que el origen del problema reside en un régimen excesivamente pesado e irresistible para muchos sectores.

Asimismo, debe terminar de concretarse el proyecto de regulación en materia de huelgas para que todas las partes tengan seguridad en cuanto a los alcances y límites de este indispensable derecho laboral.

Atreverse a más

En cuanto a reforma del Estado, sin duda es correcto el camino que busca reformar el INA, la eficiencia en los órganos desconcentrados y la conclusión del proceso para ingresar a la OCDE -incluyendo un proyecto de seguro de depósitos aceptable para la organización-, pero es necesario ir todavía más allá.

El trasfondo de muchos de nuestros desvelos y frustraciones como sociedad, se encuentra en una estructura del Estado obsoleta, que ha sido incapaz de evolucionar para responder a las necesidades actuales.

Hay que atreverse a hacer cambios más radicales y proponer el cierre de instituciones que no tienen ya ningún propósito público y, por supuesto, la reforma del empleo público no es algo que deba postergarse más.

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Igualmente importantes son los proyectos para financiar el tren eléctrico de pasajeros y el que regularía las plataformas tecnológicas de transporte, aunque en este último caso el objetivo no debe ser darle una respuesta satisfactoria al gremio de taxistas, sino establecer reglas claras en la prestación de un servicio esencial para los consumidores.

Otros proyectos generan todavía muchas dudas, como lo son el de “modernización” de Recope, el tope a los intereses crediticios o el de salvamento para personas altamente endeudadas.

La agenda en discusión puede ser rica, profunda y factible. El país vive una coyuntura histórica que ha permitido una tasa de éxito legislativo sin precedentes. Esta nueva oportunidad no debe desperdiciarse por temor o exceso de cautela; hacerlo sería un error imperdonable del que luego nos arrepentiríamos.