Excelente decisión tomaron los diputados al poner límites a la reelección indefinida de alcaldes y otros cargos municipales. El caso Diamante ha mostrado hasta donde podrían llegar los excesos derivados de la permanencia ilimitada en el cargo.
Sin embargo, tampoco podemos adherir a la ilusión que con la limitación de la continuidad en el puesto desaparecerá la corrupción. Son muchos los factores que concurren para su aparición, como son las discrecionalidades en el ejercicio de la función pública y la misma naturaleza humana que empuja a las personas a la búsqueda del interés personal antes que a trabajar por el bien común.
La concentración de poder indefinidamente en las mismas personas tiene efectos nocivos para las políticas públicas, impide la incorporación de sangre nueva e ideas innovadoras al proceso político nacional y local.
La misma gente, enclavada en los mismos puestos hasta por décadas, conduce siempre al estancamiento de la acción municipal, estos políticos se centran en buscar el beneficio personal inmediato o utilizan el cargo como trampolín para otras posiciones en el Estado.
La circulación de las élites políticas, mecanismo fundamental para la vida democrática, es reprimida por oligarquías locales que imponen una ley de hierro, excluyente de todo aquel que no esté patrocinado por el cacique municipal de turno.
La búsqueda del interés propio por parte de reyezuelos cantonales corre el riesgo de transformarse en una operación mafiosa, particularmente en aquellas municipalidades con recursos abundantes, particularmente en zonas urbanas con alto desarrollo socioeconómico.
Los límites a la reelección contribuyen también a que los electos no se separen de las necesidades de su electorado pues deben pensar más en cumplir con su función y menos en sus intereses personales. Una sola reelección autorizada, como ha quedado plasmada en la ley, mantiene el incentivo para la rendición de cuentas en las urnas.
Las mociones de reforma a esta ley, limitando la reelección de los funcionarios en ejercicio merecen la aprobación ciudadana pues resuelven los problemas inmediatos de los alcaldes eternos que tratan de evadir la aplicación de la nueva normativa. La Asamblea Legislativa encontró el justo medio entre los extremos del continuismo perpetuo y el desperdicio de la experiencia.
Es necesario admitir que la improvisación y la falta de experiencia en el ejercicio de los cargos de elección popular exigen que la curva de aprendizaje se extienda , porque tanto daño puede hacer un funcionario improvisado como uno enquistado en búsqueda perpetua de sus intereses y de los de grupos de interés que los infiltran y mantienen.
En este sentido la decisión legislativa estableció un equilibrio, pues permite la reelección por un periodo, lo que alarga la etapa de aprendizaje; pero elimina la reelección indefinida que permitía a los alcaldes transformarse en enclaves permanentes de grupos de interés (constructoras, narcotráfico y otros).
La decisión legislativa también ha puesto límites a la “cantonalización-municipalización” de la política. Los carteles de alcaldes habían llegado hasta tomar acciones coordinadas para imponer sus intereses al interior de algunos partidos, e intervenían en el nombramiento de candidatos a cargos nacionales, el cáncer del localismo había hecho metástasis y se enseñoreó del paisaje en detrimento del enfoque nacional de los problemas y sus soluciones.
Esta decisión de los diputados es un paso importante para mejorar nuestro sistema político, va en la dirección de la verdadera reforma política, más allá de visiones economicistas, pues aborda los verdaderos problemas desde los valores democráticos y de la transformación de las reglas que norman el proceso político.
No se trataba de discutir en abstracto cuantas reelecciones eran necesarias para poner fin a esta patología. La ley incursionó en el corazón del problema, no hay representación sin alternancia. Los cargos electos enquistados usaban los recursos de su posición para perpetuarse en el poder, acudiendo al clientelismo o a la corrupción pura y dura, solo se representaban a si mismos o a una pequeña porción del electorado local.
La democracia no existe sin la incertidumbre en la permanencia en el cargo, la perpetuidad y la concentración del poder se sitúan en las antípodas de la vida democrática, la reelección indefinida favorece la concentración y el monopolio del poder. La rotación moderada de los electos es crucial para la vida democrática.
Poner límites a su reelección significa prevenir el personalismo y los abusos del poder. La limitación en el cargo es un elemento democrático esencial, la reelección eterna lleva al autoritarismo.
Quienes desempeñan un cargo gozan de múltiples ventajas –control de agenda, nombramientos, cobertura mediática, favores– en detrimento de sus adversarios políticos.
Limitar la reelección indefinida es un freno para quienes buscan perpetuarse, poner límites es promover la competencia y la alternabilidad en el ejercicio del poder, elemento indispensable para fortalecer la democracia representativa, los representantes son temporales, la instituciones deben perdurar.
La reelección indefinida favorece el continuismo y el monopolio el poder, engendra autoritarismo y abuso, nunca democracia.