El teletrabajo no es un fenómeno nuevo. La tendencia dio inicio lentamente desde hace varias décadas en algunos sectores, particularmente entre trabajadores independientes (free-lancers) y trabajadores jóvenes, que hacían uso de las herramientas digitales para prestar sus servicios remotamente desde donde quisieran. Pero la pandemia de la Covid-19 provocó que el fenómeno se acelerara dramáticamente. En efecto, la aparición del virus hizo que en prácticamente todos los países del mundo las autoridades sanitarias recomendaran el confinamiento y que se trabajara desde las casas. Costa Rica no fue la excepción y, repentinamente, miles de negocios y trabajadores se vieron en la necesidad de trabajar remotamente.
Hoy se da por sentado que en la nueva normalidad el teletrabajo llegó para quedarse en muchas áreas de negocios, si no exclusivamente, al menos en forma híbrida en alguna combinación entre presencialidad y virtualidad, dadas las ventajas que la población y gran cantidad de empresas han encontrado en aquél: más disponibilidad de tiempo y mayor eficiencia; un mejor balance entre el trabajo y la vida en familia; ahorros importantes en tiempos de desplazamiento, en especial en las ciudades con tráfico pesado; ahorros en el espacio físico dedicados a oficinas; más fácil acceso a un más amplio mercado de colaboradores ubicados en cualquier parte del planeta; etc.
“No todas las industrias ni todos los países, sin embargo, estuvieron en condiciones de adoptar el teletrabajo masivo sin problemas y contratiempos. Nuestro reportaje del pasado 18 de diciembre da cuenta que, en el caso de Costa Rica, únicamente el 14,3% de los 2,06 millones de personas ocupadas pudieron ponerlo en práctica”.
No todas las industrias ni todos los países, sin embargo, estuvieron en condiciones de adoptar el teletrabajo masivo sin problemas y contratiempos. Nuestro reportaje del pasado 18 de diciembre da cuenta que, en el caso de Costa Rica, únicamente el 14,3% de los 2,06 millones de personas ocupadas pudieron ponerlo en práctica. El grueso de ese porcentaje se concentra en mujeres con educación superior que habitan las áreas urbanas de la región central del país. Varios factores influyen para que ello ocurra. En primer lugar, son principalmente los trabajos de escritorio los que con más facilidad pudieron evolucionar hacia el trabajo a distancia. Por el contrario, muchas otras labores obligan necesariamente la presencia física del trabajador: el trabajo agrícola, el de la construcción, los misceláneos y las actividades comerciales al detalle, entre otros, no son teletrabajables.
Al mismo tiempo, los que sí podrían ser teletrabajables encontraron otro tipo de barreras: hogares sin espacios y condiciones adecuadas para realizar eficientemente su trabajo; falta de equipo idóneo; necesidad de compartir espacio y ancho de banda con otros miembros de la familia que también trabajaban o recibían lecciones desde la casa; barreras mentales que rechazan la modalidad; y, por supuesto, el tremendo rezago que padece el país de una infraestructura que garantice la conectividad necesaria en todos los rincones y hogares del territorio nacional.
Si, como se estima, la tendencia hacia el teletrabajo será cada vez pronunciada, esta realidad obliga a reconocer sus beneficios potenciales, pero también las implicaciones que podría tener desde el punto de vista económico, social y de desarrollo local. Muchos países, incluyendo el nuestro, reaccionaron rápidamente y aprobaron nueva legislación para regular algunos aspectos del teletrabajo y crear incentivos para los nómadas digitales. Sin embargo, las medidas deberían ser muchos más profundas. Es imperativo, por ejemplo, que a las zonas rurales y más alejadas del Valle Central, se les asegure que gozarán de las condiciones que les permita a ellas también atraer este tipo de trabajadores y reactivar sus economías y comunidades, de manera que las regiones menos desarrolladas aprovechen estas nuevas oportunidades para cerrar la brecha con las zonas urbanas e incluso evitar los movimientos migratorios hacia ellas, reduciendo así los costos de vivienda, mejorando la calidad de vida, evitando la fuga de cerebros y el despoblamiento.
Si no se toman medidas, surgirá la amenaza de una nueva dicotomía y de que la brecha existente entre países, regiones, sectores y distintos tipos de trabajadores se acreciente aún más. De ahí que la inversión en infraestructura digital, el más fácil acceso a las herramientas tecnológicas y el desarrollo de programas de entrenamiento en esas nuevas tecnologías a amplios sectores de la población, tengan ya un carácter de urgencia y adquieran un papel preponderante en la implementación de políticas públicas que lleguen a evitar un nuevo factor de polarización y se conviertan, más bien, en un elemento esencial para reducir las inequidades.