Si algo tenemos claro quienes venimos de las regiones periféricas del país, es que las estadísticas a nivel nacional, no reflejan la realidad que vivimos en nuestros territorios.
Los últimos dos años fueron un despertar en ese sentido, para muchos en el Gran Área Metropolitana (GAM).
Ignorar la existencia de no una, sino muchas Costa Ricas, ha sido una práctica constante de nuestro sistema institucional y político, que ha preferido centrarse únicamente en los promedios nacionales, que, según nos recuerda el Programa Estado de la Nación 2021 (PEN), “en gran medida obedecen al peso y la configuración económica de los cantones con la mayor concentración del valor agregado en el país”.
De no haber sido por la pandemia de la COVID-19, probablemente aún muchos estarían replicando las aseveraciones emanadas desde la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), de estar haciendo avances para cerrar la brecha digital por medio del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
La realidad de los últimos años, principalmente en cuanto al acceso a conectividad para el sistema educativo, nos ha demostrado que el modelo creado por medio de la Ley General de Telecomunicaciones desde el 2008, ha sido un flagrante fracaso.
De acuerdo con el Informe sobre la conectividad cantonal a Internet en la red fija (2021) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), para el 2019, Costa Rica presentó una penetración en Internet en la red fija de 17,92% por cada 100 habitantes.
Sin embargo, cuando los datos se revisan desde las seis regiones de planificación de nuestro país, definidas así por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), se observa que solamente la región Pacífico Central, con un 19,90 % y la región Central con un 18,75 %, sobrepasan el promedio general.
El resto está muy por debajo de la cifra nacional. La región Chorotega registra un 15,07%; la región Brunca 12,07%; la Huetar Caribe 10,50% y la Huetar Norte 6,43%.
Así que, para hablar verdaderamente de lograr que Costa Rica avance en su desarrollo, es necesario pensar en las regiones y principalmente, aquellas ubicadas en la periferia del territorio nacional. Solo así podremos avanzar en saldar la grosera deuda histórica que venimos arrastrando con estos territorios.
Tampoco será posible hablar de una verdadera reactivación económica, si no volvemos la mirada a estas zonas, después de todo “el golpe productivo y de empleo inducido por la pandemia afectó con más fuerza a las regiones fuera del Valle Central, lo cual podría profundizar aún más las brechas en la desigualdad territorial”, recuerda el PEN.
Para ayudar en esta tarea, el gobierno entrante y los siguientes, tendrán a su disposición una herramienta fundamental, gracias a la aprobación de la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, N° 10.096, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el 26 de enero del 2022.
La norma ordena al Banco Central, efectuar el cálculo de un Producto Interno Bruto Regional (PIBR), así como cualquier otra información que solicite Mideplan y que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones oficiales de planificación.
Los datos tendrán que estar disponibles en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de la ley.
El PIBR permitirá registrar el valor agregado de las actividades económicas dentro de cada región, reflejando las diferentes estructuras productivas presentes en estas; como su compilación se hace desde la perspectiva de la producción, tendrá un importante rol en la formulación, implementación y evaluación de las políticas regionales.
No se puede olvidar, que la productividad empresarial está condicionada por las condiciones del entorno en el que operan las empresas. De tal forma que, factores como la disponibilidad de recurso humano calificado, la existencia de infraestructura de calidad, acceso a conectividad y otros elementos, son fundamentales para la productividad de las regiones.
Así que, ser capaces de medir el PIBR nos permitirá contar con una fotografía más exacta de lo que está sucediendo en los territorios y nos facilitará medir la efectividad de las acciones que vayamos a emprender para impulsar el desarrollo.
Solamente hasta que las brechas entre estos territorios se comiencen a cerrar, podremos hablar de que nuestro país está verdaderamente avanzando en eliminar las inequidades históricas que hemos creado, pero eso, sólo será posible si el desarrollo lo comenzamos a concebir y a construir desde las regiones.