Pero el fenómeno nos impone también importantes retos. En muchos países, incluyendo el nuestro, la cobertura y el acceso a Internet son todavía limitados y, cuando se tiene, su calidad y seguridad puede no ser la adecuada. El acceso a las plataformas que permiten este comercio no es fácil ni transparente. El sistema de pagos electrónicos, indispensable para que este comercio florezca, no siempre funciona bien y no está al alcance de todos, pues todavía es caro, complejo y existen múltiples barreras para la bancarización universal. Los regímenes nacionales para la protección del consumidor, la privacidad y la protección de datos personales están dando apenas sus primeros pasos, y la capacidad institucional para ponerlos en práctica es todavía endeble. Ni qué decir del peligro que representan las prácticas discriminatorias con el uso de algoritmos, las prácticas monopolísticas, o la aplicación de la censura de parte de regímenes totalitarios.

La situación se complica más cuando se trata de comercio electrónico transfronterizo, aún cuando Internet, por definición, no conoce las fronteras físicas, pues la inter-operatibilidad entre los regímenes nacionales es pobre o inexistente. Además, si el marco jurídico-institucional a lo interno de los países va siempre rezagado con respecto a los adelantos acelerados del comercio digital, en el foro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) lo que hoy tenemos es un conjunto de normas que fueron concebidas, negociadas y diseñadas para el comercio de finales del siglo pasado, cuando nadie ni siquiera se imaginaba lo que ahora estamos viviendo.

Los intentos por lograr un acuerdo multilateral que regule, dé certeza e incentive al comercio electrónico han topado con las concepciones todavía irreconciliables de los Estados Unidos (EE. UU.), la Unión Europea y China en este campo.

Esta falencia ha sido parcialmente atendida por acuerdos regionales —con variada profundidad y alcance—, que pretenden de alguna manera limitar las restricciones al libre flujo transfronterizo de datos, garantizar un trato no discriminatorio, evitar la obligatoriedad de localizar esos datos dentro de las fronteras nacionales, regular la transferencia o acceso al código fuente, calibrar la extensión de la propiedad intelectual, exigir algún grado de protección de los datos personales, y hacer que los consumidores se sientan cómodos y seguros. Ese ha sido el objetivo de los acuerdos sobre comercio digital entre EE. UU. y Japón, la Unión Europea y Gran Bretaña, Australia y Singapur (DEA), Chile, Nueva Zelanda y Singapur (DEPA), y parte importante del acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (USCAME), entre otras iniciativas relevantes.

Costa Rica tiene un gran potencial para aprovechar las oportunidades que brinda el comercio digital. De hecho, en el índice global de comercio electrónico de la UNCTAD para el 2020 (publicado en febrero de este año), el país aparece como el número uno en América Latina, desplazando a Chile. Pero estamos todavía muy lejos del lugar que ocupan los países desarrollados y los países en vías de desarrollo de Asia. El gran peligro es que el país se quede demasiado rezagado en esta carrera, por lo que es indispensable avanzar a paso firme en algunas áreas determinantes, como el de contar con una infraestructura de telecomunicaciones que garantice el acceso a Internet de alta velocidad a toda la población y en todo el país.

No es justificable que un país de renta media, con los avances en telecomunicaciones que hemos tenido en las últimas décadas, haya evidenciado las debilidades que todos atestiguamos durante la pandemia en materia educativa.

Protección

También es necesario fortalecer el marco jurídico-institucional. La legislación sobre protección de datos personales, privacidad, derechos del consumidor, ciberseguridad y delitos informáticos debe revisarse y modernizarse, mientras que las instituciones encargadas de velar por su correcta aplicación deben contar con los recursos humanos y financieros necesarios para trabajar con eficacia, de manera que todos nos sintamos cómodos y seguros navegando en la red y ejecutando diariamente las transacciones comerciales y profesionales que requerimos.

De particular importancia en esta revisión es la necesidad de promover y facilitar los medios de pago electrónicos, el reconocimiento pleno de todo documento electrónico, y el uso generalizado de la firma digital. Para ello es indispensable que formalicemos y bancaricemos a ese 50% que todavía opera en la sombra y no tiene acceso al sistema financiero, y que adoptemos sin miedo el gobierno digital.

Es igualmente crucial la participación del país en las negociaciones que se están llevando a cabo a nivel multilateral y regional. No podemos dejar que sean solo terceros quienes escriban las reglas que se aplicarán en el futuro, pues el comercio exterior —ahora y cada vez más en forma digital— seguirá siendo vital para el bienestar de los costarricenses. Por ello mismo, es necesario educar y capacitar a la población, particularmente a los pequeños y medianos emprendedores, para que se familiaricen con los requisitos, herramientas y técnicas que permitan el mejor aprovechamiento de este comercio.

Finalmente, es indispensable que todos dimensionemos con precisión la magnitud de lo que está pasando, las oportunidades que se nos abren, los grandes retos que tenemos, así como los peligros que nos acechan. Esa concientización nos obliga a concertar una agenda de carácter nacional y un plan de acción que nos permita avanzar rápidamente y evitar, por un lado, que el país se quede atrás con respecto a otras naciones, pero, igualmente relevante, que dentro de nuestras fronteras nadie se quede rezagado por no haber podido entenderlo y actuar a tiempo.