Las elecciones intermedias en Estados Unidos fueron un claro pedido de cambio. La inquietud por el costo de vida, la guerra en Irán y la corrupción tuvieron que ver en la aplastante victoria de los demócratas, que pone de manifiesto un descontento general con el rumbo tomado por el país, la indignación por la injusticia económica y el temor a un futuro que parece estar a merced de la inteligencia artificial.
El desarrollo y el despliegue de esta tecnología se están llevando adelante en formas que agravan la inseguridad económica e intensifican la sensación de pérdida de control de la gente. El aspecto más visible tiene que ver con los centros de datos y la presión que ejercen sobre los costos de la electricidad y el suministro local de agua, pero la cuestión es mucho más amplia.
Los votantes están cada vez más preocupados por el aumento de la desigualdad de ingresos y oportunidades, y con razón. En las últimas décadas, los beneficios del crecimiento se concentraron en las franjas más pudientes. Datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos para el segundo trimestre de 2026 muestran que el 1 % más rico de los hogares estadounidenses posee el 32,5 % del patrimonio neto del país, contra sólo 2,3 % en el caso del 50 % más pobre.
El sector tecnológico es un ejemplo claro de esta concentración. Sus empresas (que valen varios billones de dólares) y su primer billonario (Elon Musk) no están pagando ni de lejos lo que deberían en impuestos. El Institute on Taxation and Economic Policy considera que Amazon, Alphabet, Meta y Tesla (a las que señala como las «cuatro grandes empresas tecnológicas pro‑Trump») pagaron en 2025 por impuestos federales a la renta de las sociedades tan sólo el 4,9 % de lo que ganaron en Estados Unidos. Con un tipo medio del 21 %, habrían pagado casi 51 000 millones de dólares más.
Mientras tanto, aumenta (también con razón) la percepción pública de que la industria tiene una influencia indebida sobre el Gobierno. La negativa de la Administración Trump a regular el sector de la IA (incluso en presencia de datos contundentes y tras varios ataques informáticos graves) y la decisión de Musk de invertir casi 500 millones de dólares en las campañas de los candidatos republicanos este año no hicieron más que echar leña al fuego.
Se suman a esto las inquietudes de los votantes sobre la IA y el empleo, la discriminación algorítmica y el perjuicio para los jóvenes derivado de las plataformas digitales adictivas. Estas cuestiones todavía no han recibido atención suficiente en materia de regulación y formulación de políticas; tampoco la han recibido los riesgos del vertiginoso desarrollo de la IA, incluida la posibilidad de que se pierda el control de los sistemas más potentes.
Muchos candidatos demócratas fueron astutos y encararon de frente esas cuestiones, prometiendo devolver a la gente un sentido de autonomía frente a una revolución tecnológica que no se detiene. La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, pidió una moratoria a la construcción de centros de datos hasta que existan mecanismos de protección legislativos.
El senador electo Abdul El‑Sayed pidió una agencia similar a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que evalúe los modelos de frontera antes de su lanzamiento, y expresó su apoyo a un 50 % de participación accionaria del Estado en las mayores empresas de IA. Muchos otros candidatos señalaron el apoyo de la Administración Trump a los centros de datos como prueba de que los republicanos anteponen los intereses de las empresas a los de los trabajadores y las comunidades locales.
Ahora que los demócratas tendrán mayorías considerables en ambas cámaras del Congreso, tienen la oportunidad de impulsar muy demoradas leyes que orienten el desarrollo de la IA hacia el bien común. Las megatecnológicas tienen demasiado poder para decidir de manera unilateral los riesgos que debe asumir la ciudadanía; eso debe cambiar. En ningún otro sector económico se permite a las empresas privadas evaluar los riesgos de sus productos y decidir por sí mismas si es seguro lanzarlos al mercado.
Una medida inmediata importante sería suspender el desarrollo de los modelos de IA más avanzados hasta que los legisladores hayan establecido un régimen de responsabilidad claro que obligue a las empresas a rendir cuentas si las cosas salen mal. Los incidentes recientes en los que agentes de IA penetraron en empresas e incluso organismos públicos no tuvieron consecuencias (aunque Australia por lo menos inició una investigación). Un empleado humano que hubiera hecho lo mismo enfrentaría una acusación penal.
Para garantizar que cualquier nueva norma o regulación tenga el efecto deseado también es necesario contar con instituciones fiscalizadoras independientes dotadas de recursos suficientes. Evaluar los riesgos que enfrenta la sociedad es una tarea que corresponde a los funcionarios electos.

Felizmente, el nuevo Congreso no partirá de cero. Tras los últimos ataques informáticos, varios congresistas (de ambos partidos) presentaron proyectos de ley para abordar algunos de los riesgos de la IA, y todos coincidieron en cuestiones fundamentales como la seguridad, la rendición de cuentas y el aumento del control público, aunque con diferencias respecto de los medios para defender estos principios.
El senador Bernie Sanders, por ejemplo, pidió la creación de una oficina de nivel ministerial encargada de supervisar el desarrollo de la IA. Los senadores Mark Warner, Brian Schatz y Andy Kim quieren crear una junta de seguridad dependiente del Departamento de Comercio que tenga acceso a los modelos antes de su lanzamiento. Por su parte, los senadores Dick Durbin (demócrata) y Josh Hawley (republicano) proponen clasificar los sistemas de IA como «producto», lo que facilitaría la presentación de demandas de responsabilidad civil tradicionales en relación con ellos. El senador Mark Kelly propuso crear un fondo especial que facilite las transiciones en el mercado laboral, financiado mediante impuestos a las grandes empresas por beneficios extraordinarios, publicidad digital y uso de la IA. Sanders también propuso la creación de un fondo soberano con fines similares.
Claro que es posible que el presidente Donald Trump se oponga a estas propuestas, y ya amenazó con vetar cualquier proyecto de ley sobre IA con el que no esté de acuerdo. Pero si entendiera las señales que está recibiendo, comprendería que poner esta tecnología en buen camino beneficiará su legado. De hecho, el Congreso puede tomar como base la orden ejecutiva de junio, que incluía disposiciones para el acceso voluntario del Gobierno a los modelos de frontera. Estas disposiciones, junto con los compromisos en materia de seguridad asumidos por los directivos del sector en septiembre, deben convertirse en obligaciones legales vinculantes. Al mismo tiempo, la Administración Trump puede aprovechar su diálogo sobre IA con China para buscar cooperación en relación con los riesgos más importantes.
Los votantes estadounidenses le han dado al país un nuevo punto de partida. Ahora sus representantes electos tienen una oportunidad para actuar. Si la desperdician, tal vez no surja otra similar a tiempo para evitar una catástrofe.
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Gabriela Ramos, copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Desigualdades y Divulgación de Información Financiera de Carácter Social, fue subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, donde supervisó la elaboración de la Recomendación sobre la Ética de la IA, y jefa de gabinete y «sherpa» de la OCDE ante el G20, el G7 y la APEC.