Hoy la creencia generalizada es que los flujos de capital globales al mundo en desarrollo son procíclicos, que aumentan cuando las economías avanzadas alivian la política monetaria y se retraen cuando suben sus tasas de interés. Un ejemplo es la creciente cantidad de países en desarrollo que experimentan crisis de liquidez e insolvencia como resultado del ciclo de ajuste reciente, que comenzó en 2022. Según las Naciones Unidas, 25 gobiernos hoy gastan más de una quinta parte de sus ingresos en el pago de la deuda —la cifra más alta desde la gigantesca crisis de deuda de los años 1980 y 1990—. Los pagos de intereses hoy exceden el gasto en educación o salud en países donde viven 3.300 millones de personas.
Las instituciones de Bretton Woods se crearon hace 80 años precisamente para apoyar a los países en desarrollo con financiación pública contracíclica cuando el sector privado recorta la inversión. El objetivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) era ayudar con liquidez de corto plazo y se suponía que el Banco Mundial debía dedicarse a financiar el crecimiento de largo plazo y facilitar un cambio estructural para prevenir crisis de liquidez.
Estas instituciones todavía existen, por supuesto, pero no están en sintonía con las realidades económicas globales. Los bomberos financieros del mundo —el FMI, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD)— están intentando apagar incendios en los países en desarrollo con baldes en lugar de mangueras.
Para garantizar una liquidez adecuada para las economías de mercados emergentes y en desarrollo (EMED), la arquitectura financiera internacional debe transformarse para hacer que el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones multilaterales sean más grandes y equitativas y menos propensas a la austeridad. Debería haber regulaciones coordinadas para dirigir al capital privado hacia un crecimiento productivo y un cambio estructural en las EMED durante los períodos de prosperidad, e incentivos para mantener el capital en estos países durante las épocas de contracción.
Las transferencias netas a las EMED, excluida China, resultaron negativas en 2022, lo que implica que los costos del pago de la deuda superaron los nuevos desembolsos. Esta brecha fue particularmente notoria con respecto a los bancos comerciales y los tenedores de bonos, alcanzando $193.000 millones en 2023. Si bien el FMI y los BMD podrían compensar la retirada del sector privado, el financiamiento no concesional fue negativo, en $2.700 millones de dólares, y el financiamiento concesional fue positivo pero insuficiente, alcanzando apenas $20.000 millones en 2023.
Aunque los programas del FMI han aumentado en tamaño por un factor de cuatro desde la crisis financiera global de 2008, la adecuación de los recursos del Fondo sigue estando por debajo de los niveles históricos. La reciente Decimosexta Revisión General de Cuotas, que concluyó en diciembre de 2023, no arrojó ningún incremento neto en la capacidad de préstamo del FMI.
Mientras que las economías avanzadas tienen acceso a una red de permutas de divisas ilimitadas, la mayoría de las EMED solo pueden recurrir al FMI para conseguir respaldo de liquidez. Esto empeora la desigualdad de la red de seguridad financiera global (GFSN por su sigla en inglés), la fuente de financiamiento de emergencia que incluye al FMI, acuerdos de financiamiento regionales y permutas de bancos centrales. Para compensar esta desigualdad global, el FMI —la única institución global en la GFSN— necesitaría incrementar su capacidad de préstamo de aproximadamente $500.000 millones a $1 billón.
En cuanto a los BMD, actualmente ofrecen préstamos equivalentes a apenas el 0,5% del producto interior bruto de los países en desarrollo, menos del pico del 0,7% en los años 1990. Según estimaciones recientes realizadas por el Grupo de Expertos Independientes del G20, los BMD deben triplicar su financiamiento para 2030 a fin de alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo compartidos.
Hada de la confianza
Asimismo, los programas del FMI muchas veces les imponen condiciones estrictas a los países, obligándolos a implementar medidas de austeridad. El mito del “hada de la confianza” —la noción de que la austeridad restablecerá la confianza del mercado e impulsará el crecimiento económico— se niega a morir, a pesar de muchos estudios que demuestran que las condiciones de crédito del FMI hacen subir la pobreza, la desigualdad y el malestar social, en lugar de mejorar la estabilidad económica. De la misma manera, se ha comprobado que el financiamiento del Banco Mundial no promueve el crecimiento.
El reciente levantamiento social que se produjo en Kenia es un buen ejemplo. A pesar de la esperanza de que los préstamos del FMI y del Banco Mundial alentarían el refinanciamiento del sector privado, las nuevas emisiones de bonos llevaban una tasa de interés exorbitante de 10,375%, lo que exacerbó las vulnerabilidades de deuda. El proyecto de ley que propuso recientemente el gobierno de Kenia, que contenía aumentos de impuestos para cumplir con los objetivos de ingresos del FMI, desató protestas que terminaron en por lo menos 39 muertes.
Los países en desarrollo que experimentan dificultades financieras necesitan una estrategia focalizada en el crecimiento que estabilice la economía sin recortar el gasto público esencial. Homi Kharas y Charlotte Rivard de la Brookings Institution determinaron que los paquetes de estímulo conducirían a un mayor crecimiento y alejarían a las EMED de los patrones estructurales que provocan crisis de liquidez. Después de todo, es así como las economías avanzadas hacen frente a los shocks. La respuesta fiscal de Estados Unidos a la pandemia del Covid-19, por ejemplo, totalizó más del 25% del PIB, inclusive con un ratio deuda-PIB superior al 120%. Por el contrario, el África subsahariana, con un ratio deuda-PIB del 58%, pudo afrontar una respuesta pandémica que implicó apenas el 3% del PIB y ahora experimenta dificultades con las obligaciones de pago.
El sistema financiero global debe permitirles a las EMED implementar políticas contracíclicas sin austeridad. De lo contrario, la crisis actual bien podría terminar en un alivio de deuda descomunal, un incumplimiento de pago absoluto o un malestar social generalizado. Las economías avanzadas deben capitalizar a los BMD y ayudarlos a aumentar su eficiencia, reabastecer los fondos concesionales como la Asociación Internacional de Fomento y aumentar el financiamiento para el FMI. El Fondo, por su parte, debería revisar el uso que hace de la condicionalidad y emitir una nueva ronda de Derechos Especiales de Giro, su activo de reserva.
La salud de la economía mundial, y la supervivencia de miles de millones de personas, dependen de bomberos financieros más grandes y mejores. Si su capacidad sigue siendo limitada, la legitimidad de las instituciones de Bretton Woods se debilitará y el progreso en materia de desafíos globales como el cambio climático seguirá siendo elusivo.
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Marina Zucker-Marques, investigadora académica sénior del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, es copresidenta del sector de reglas y regulaciones financieras del Grupo de Trabajo 3 del T20 Brasil sobre la Reforma de la Arquitectura Financiera Internacional. Kevin P. Gallagher es profesor de Políticas de Desarrollo Global en la Universidad de Boston y director del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad de Boston.