EscucharLa crisis social y económica no ha terminado. Aún estamos sufriendo las secuelas de la pandemia ocasionada por la covid-19 y, sin imaginarlo y de manera muy acelerada, ahora nos encontramos ante una crítica situación energética, alimentaria y financiera a nivel mundial.
Las personas y los sectores productivos son, siempre, los más afectados. Es nuestra responsabilidad intervenir e implementar políticas públicas más efectivas para promover la productividad empresarial y proteger los ingresos de las personas trabajadoras.
Nuestro parque empresarial es cada vez mayor, y eso nos plantea nuevos retos. Enfrentar los desafíos del futuro requiere de incentivar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales representan más del 95% de la totalidad de empresas en el país.
Las mipymes son fuente de ingreso, patrimonio y empleo para una parte muy significativa de la población. Estos ingresos generan demanda de bienes y servicios, lo cual estimula la capacidad productiva de las empresas. Es un ciclo beneficioso que aporta al crecimiento del PIB y aumenta los ingresos del Estado.
Sin embargo, no ha sido posible sacar el máximo provecho de esto, por la falta de apoyo estatal que reciben. Del 2015 al 2019, las mipymes crecieron apenas un 1,3% y solo el 50% de las que arrancan operaciones, duran más de cinco años. También tenemos un modelo productivo hiperconcentrado en la Gran Área Metropolitana, lo que provoca grandes desigualdades entre las regiones y los sectores.
Sabemos que las mipymes en Costa Rica enfrentan muchas dificultades para subsistir y la misma OCDE lo ha señalado. Las barreras de entrada son altas, existen excesivos procedimientos, poco o nulo acceso a productos y servicios financieros, y bastantes distorsiones regulatorias.
En el caso de Costa Rica, la principal necesidad que enfrentan las mipymes es el acceso a crédito, seguido por la falta de capacitación y la urgencia de contar con trámites más sencillos en las instituciones del Estado, según la última Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
No podemos limitar a las pequeñas y medianas empresas de esta forma. Debemos entender que, si no fortalecemos a las MIPYMES, estamos condenando a las personas a trabajar bajo condiciones de informalidad. Los datos de la última Encuesta Continua de Empleo deberían alarmarnos, porque de la población ocupada independiente, el 90% corresponde a empleo informal.
Por eso, impulsar la oferta y el alcance de los créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo es fundamental, en este y en todo momento. La pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario, industrial, de servicios y comercio están demandando una cultura de innovación y emprendimiento.
Tenemos que forjar mipymes más resilientes y capaces de afrontar los futuros impactos. Quienes desarrollamos políticas y normativa tenemos que ver más allá de la recuperación económica y considerar formas de crecimiento y apoyo al largo plazo, con el objeto de crear empleo decente, fortalecer los encadenamientos productivos y construir ecosistemas empresariales vigorosos.
Para lograrlo, podemos empezar por ajustar la normativa a la realidad nacional y de las empresas. Hay que revisar el concepto de mipymes, facilitar el acceso a los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo y garantizar una estructura de avales y sostenibilidad ante pérdidas esperadas, para que el dinero estacionado en los bancos, pueda ser colocado de una manera más rápida y eficiente.
En el marco del quinto aniversario del Día Internacional de las micro, pequeñas y medianas empresas, no podemos olvidar que la tarea es urgente y requiere determinación, sentido de oportunidad, planificación y mucha coordinación entre el sector público y privado.
Tenemos una gran deuda pendiente con el sector productivo y las mipymes de nuestro país.
