A más tardar el 31 de diciembre de 2026, las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) deberán incorporar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), incluidos los riesgos climáticos, dentro de sus sistemas de administración integral de riesgos, conforme a lo establecido en el Acuerdo sobre la Administración Integral de Riesgos Sugef 2-10.
Aunque los esfuerzos de implementación se han concentrado principalmente en la cartera crediticia, la regulación también plantea un desafío igualmente relevante: la incorporación de consideraciones ASG en las carteras de inversión de bancos, fondos de inversión, operadoras de pensiones y otras entidades reguladas.
Este reto refleja un cambio más amplio en la forma de entender los riesgos financieros. Durante muchos años, los factores ASG se consideraron principalmente desde una perspectiva ética o reputacional. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que estos factores también pueden afectar el valor, el desempeño y el perfil de riesgo de las inversiones.
No es lo mismo prestar que invertir
Cuando una entidad financiera evalúa un crédito para una empresa agroexportadora, por ejemplo, puede identificar riesgos asociados al uso del agua, las condiciones laborales, conflictos con comunidades vecinas o la utilización de sustancias activas sujetas a restricciones crecientes en algunos mercados internacionales. Estos factores pueden traducirse en riesgos regulatorios, comerciales y reputacionales que afecten la capacidad de pago del cliente. La entidad financiera puede, además, solicitar información adicional, exigir medidas correctivas y dar seguimiento a planes de acción.
En una cartera de inversiones, el enfoque es diferente. Si una entidad adquiere bonos emitidos por una empresa industrial intensiva en energía, la exposición podría estar asociada a regulaciones climáticas o cambios tecnológicos que afecten la competitividad del sector. Si la inversión corresponde a una participación accionaria en una empresa turística, podrían resultar relevantes riesgos asociados a eventos climáticos extremos, afectaciones a la biodiversidad o conflictos sociales que comprometan el valor de los activos y la rentabilidad esperada.
En la cartera crediticia, el objetivo suele ser gestionar el riesgo del cliente. En la cartera de inversiones, el objetivo es comprender y gestionar la propia exposición al riesgo.
Una práctica que ya avanza en América Latina
Algunas de las principales instituciones financieras de América Latina llevan varios años incorporando factores ASG en sus procesos de inversión. Bancolombia, el principal grupo financiero de Colombia, integra factores ASG en la gestión de activos y patrimonios; Itaú Asset Management, uno de los mayores gestores de activos de Brasil y de la región, ha desarrollado metodologías específicas para el análisis ASG de renta fija y deuda soberana; y Grupo Sura, con presencia en 11 países de la región, considera la integración ASG como un componente central de la gestión integral del riesgo y de la protección del valor de largo plazo.
Uno de los desafíos más interesantes para Costa Rica será precisamente la evaluación de factores ASG relevantes para la deuda soberana.
Durante décadas, los inversionistas analizaron la deuda soberana principalmente desde variables macroeconómicas y fiscales. Sin embargo, hoy existe un amplio reconocimiento de que factores como la calidad institucional, la vulnerabilidad climática, la capacidad de adaptación o la presión sobre los recursos naturales pueden afectar el desempeño económico y, por ende, el perfil de riesgo soberano.
Esta discusión adquiere una relevancia particular en Costa Rica, donde las entidades financieras deberán desarrollar criterios para evaluar los factores ASG asociados al principal emisor presente en muchas de sus carteras: el propio Estado costarricense.
Costa Rica cuenta con fortalezas ampliamente reconocidas en ámbitos como la conservación ambiental y la estabilidad democrática. Sin embargo, actualmente no existe un marco oficial de evaluación de factores ASG soberanos desarrollado por el propio país para fines de inversión financiera. Esto significa que las entidades supervisadas deberán apoyarse, al menos inicialmente, en metodologías y proveedores externos, desarrollar herramientas internas o combinar ambas aproximaciones.
¿Por dónde empezar?
Incorporar consideraciones ASG en las inversiones no implica dejar de invertir ni sustituir el análisis financiero tradicional. Una inversión con riesgos ASG elevados puede seguir siendo una inversión aceptable. El objetivo es comprender mejor los riesgos asumidos y tomar decisiones más informadas y transparentes.
Afortunadamente, el desafío no implica comenzar desde cero. La experiencia internacional y las primeras iniciativas desarrolladas en Costa Rica muestran que es posible avanzar gradualmente, comenzando por definir el apetito al riesgo ASG, incorporar criterios de inversión responsable en las políticas de inversión, evaluar la exposición de las carteras actuales, utilizar calificaciones ASG disponibles y fortalecer progresivamente las capacidades internas de análisis y seguimiento.
El plazo regulatorio ya está definido. El desafío ahora consiste en aprovechar el tiempo disponible para desarrollar enfoques proporcionales, técnicamente sólidos y capaces de aportar valor real a la toma de decisiones financieras.
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La autora es geóloga y especialista en finanzas sostenibles. Directora general de Futuris Consulting. emma@futurisconsulting.com
