Este año se cumple una década desde el estallido de la crisis financiera global. Para Estados Unidos, 2018 es muy distinto a 2008. La economía pasó de estar al borde del colapso al borde del sobrecalentamiento, por la aprobación de una masiva rebaja de impuestos cuando ya había un crecimiento sólido. También hubo un gran cambio de actitud hacia China: de reconocer que la cooperación entre ambos países era necesaria para la gestión de la demanda global se pasó al proteccionismo y la hostilidad.

Pero para China, 2008 y 2018 tienen un parecido importante: la presencia de amenazas al crecimiento económico derivadas de perturbaciones negativas procedentes de Estados Unidos. En 2008, fue una caída de la demanda de exportaciones chinas, debida al colapso de Lehman Brothers y a la posterior crisis financiera global. Hoy es la guerra comercial iniciada por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Los riesgos que enfrenta China no están totalmente fuera de su control. El país puede empeorar su situación si responde otra vez con las mismas políticas de 2008: es decir, si intenta fortalecer la demanda apelando solamente al estímulo fiscal y monetario a gran escala.

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Hace una década, la respuesta de las autoridades consiguió evitar una recesión importante, pero también creó las condiciones para el surgimiento de muchos otros problemas, entre ellos un veloz aumento del endeudamiento de los gobiernos municipales y de las empresas estatales, la expansión de la banca informal, la reaparición de un exceso de capacidad en varios sectores y una disminución del peso relativo de las empresas privadas. El gobierno de Trump invocó algunas de estas consecuencias como justificación de la guerra comercial.

En estas circunstancias, podría ocurrir que China insista en estimular la demanda agregada con medidas de corto plazo, como canalizar más inversión en infraestructura a través de los gobiernos municipales y ampliar todavía más el acceso de las empresas estatales al crédito. Pero esa estrategia puede crear una década más de problemas. Sería mejor apuntar a la implementación de reformas estructurales.

Para empezar, hay que dar a las empresas privadas garantías de que compiten con las estatales en igualdad de condiciones en cuanto a regulación y vigilancia de las leyes, acceso a préstamos bancarios y otros recursos, y oportunidades de obtener contratos con el Estado. Las empresas no estatales han sido la fuente más importante de crecimiento durante las últimas cuatro décadas; por eso es alentador que en un discurso reciente, el director del Banco Popular de China, Yi Gang, haya recalcado este principio de “neutralidad competitiva”. Hasta ahora, no se oyó a dirigentes de nivel superior repetir este término. Pero el gobierno debería adoptarlo formalmente como un principio rector de la gobernanza económica.

Reducir barreras comerciales

Asimismo, en lo referido al comercio internacional y la inversión, China debería adoptar un principio de “neutralidad de gobierno” como regla para la cooperación y las negociaciones contractuales (incluida la transferencia tecnológica) entre empresas extranjeras y locales. Más en general, debería seguir reduciendo las barreras al comercio y la inversión por parte de empresas extranjeras en China; uno de los modos sería cumplir la anunciada flexibilización de restricciones a empresas financieras extranjeras que operan en el país. Esas medidas aumentarían el ingreso real de las familias chinas, al mejorar su poder adquisitivo, y fortalecerían la competitividad del sector empresarial chino, al generar presión sobre las empresas locales menos eficientes. La experiencia de China tras su ingreso a la Organización Mundial del Comercio indica que con el tiempo, una mayor apertura traerá más prosperidad a las familias chinas.

La tercera reforma estructural que necesita China es una mayor flexibilización del mercado laboral. Desde mediados de los noventa, el porcentaje oficial de cargas sociales (sumando lo destinado a pensiones públicas, atención médica y otras prestaciones) ha sido muy alto: alrededor del 50% del salario, un nivel que supera la mediana de los países de la OCDE. Pero por falta de fiscalización muchas empresas locales no pagaban el aporte; hasta que en 2008 las autoridades empezaron a exigirlo, y eso restó margen a las empresas. A eso hay que sumarle normas que las obligan a dar contratos de larga duración a los empleados después de dos contratos breves sucesivos y a pagar onerosas indemnizaciones por despido cuando necesitan reducir la nómina. Todo esto redujo enormemente la capacidad de la economía para enfrentar perturbaciones negativas y ajustar la composición de la fuerza laboral.

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Con los niveles de productividad de China y su estadio de desarrollo, sería más adecuado un porcentaje de aporte de entre el 35% y el 40% para el total de las prestaciones estatales. Eso, combinado con otras medidas de flexibilización del mercado laboral, puede mejorar considerablemente la solidez económica de China.

Una última reforma que puede ser muy eficaz para fortalecer la economía china sería la reducción temporal del impuesto de sociedades y del impuesto al valor agregado. Sugiero una rebaja temporal de impuestos por dos razones; primero, generaría mucha menos presión sobre el erario que una permanente, y segundo, daría a las empresas más incentivos para invertir. En este sentido, la medida obraría a la vez como reforma del lado de la oferta y como gestión de la demanda agregada.

La dirigencia china sabe que la mayoría de estas reformas son necesarias, y de hecho, adoptó la idea de reforma de la oferta como consigna oficial. Pero hasta ahora, se concentró en reducir el exceso de capacidad y el endeudamiento, más que en medidas que fortalezcan la confianza de los emprendedores privados, reduzcan la vulnerabilidad de la economía ante perturbaciones y estimulen el crecimiento. Como dos de estas reformas –la adopción del principio de neutralidad competitiva y una mayor apertura a las empresas privadas locales y a las empresas internacionales– también ayudarán a aplacar a Estados Unidos, es el mejor momento para implementarlas.

Shang-Jin Wei, execonomista principal del Banco Asiático de Desarrollo, es profesor de Economía y Negocios de China y profesor de Finanzas y Economía en la Universidad de Columbia.

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