EscucharMe veo en la obligación de referirme a un correo masivo enviado por la vicerrectora de Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR), Rosa Julia Cerdas, a la comunidad universitaria el 5 de junio del 2025.
El mensaje está relacionado con una publicación del El Financiero titulada “UCR ofrece trabajos con salarios de hasta ¢3 millones por mes; vea aquí cómo concursar”, publicada el 27 de mayo pasado y que está disponible en el siguiente enlace: https://www.elfinancierocr.com/finanzas/ucr-ofrece-trabajo-con-salarios-de-hasta-3/OJ2AJJZOOJDFZHVGCF5IKQGT5Q/story/
El texto de la vicerrectora copia a la comunidad universitaria una solicitud de derecho de respuesta enviada a El Financiero el 2 de junio del 2025. Este material también fue publicado en el perfil oficial de la UCR en Facebook con una imagen que indica “Derecho de respuesta no publicado por El Financiero sobre salarios y puestos vacantes en la universidad”.
Escribo este mensaje en vista de que yo soy, además de docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica desde 2022, director de El Financiero desde marzo anterior, lo cual implica que fui yo quien rechazó la solicitud de la vicerrectora Cerdas.
Rechacé la solicitud tras concluir, en consonancia con mi asesor legal, que carece de los requisitos de ley, razón que expliqué a la señora vicerrectora.
La argumentación de la señora vicerrectora se fundamenta en que ella considera que el artículo “presenta informaciones descontextualizadas y potencialmente engañosas para la ciudadanía”.
El derecho de petición y respuesta se fundamenta en artículo 66 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que dice lo siguiente (el subrayado es mío):
Artículo 66. El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artículos 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta ley. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
El artículo publicado en El Financiero no contiene informaciones inexactas: la información en que se fundamenta es pública y está en el sitio web de la UCR, pero, además, la periodista llamó y habló con personal de la UCR para confirmarla.
El artículo publicado en El Financiero tampoco es agraviante porque no está insultando, injuriando o humillando a la institución. Es una noticia que informa sobre nuevas plazas en concurso, sus requisitos y su compensación.
El que no sea un artículo inexacto ni agraviante es suficiente para concluir que no procede un derecho de respuesta, pero me gustaría ir más allá.
Quiero dejar claro que la noticia no presenta “informaciones descontextualizadas”, como indica la vicerrectora. La nota muestra, como lo hace El Financiero en varias ocasiones al mes y con distintas organizaciones, públicas y privadas, una serie de oportunidades laborales con sus requisitos y sus condiciones, en cuenta el salario. La noticia, entonces, tiene un contexto adecuado.
Sobre la segunda referencia de la señora vicerrectora, quiero llamar la atención del uso del término “potencialmente” en su construcción del argumento: “presenta informaciones descontextualizadas y potencialmente engañosas para la ciudadanía”. Utilizar “potencialmente” en este caso evita tildar directamente de engañosa la noticia, pero permite levantar la duda. Si la información es engañosa, se puede decir de manera directa: “esta información es engañosa, es falsa, es una mentira”. Sin embargo, como evidentemente la información no es falsa, no se puede decir esto de manera directa. Levantar dudas de esta manera sobre un trabajo periodístico, por más sencillo que sea, es sumamente reprochable, pero es mucho más reprochable cuando lo hace una alta autoridad de un centro de estudios del nivel de la UCR usando recursos públicos (nótese que yo no digo “potencialmente reprochable”, sino “sumamente reprochable”).
Con mucho orgullo, soy graduado de grado y posgrado de la UCR, donde estudié con beca. He entrevistado a gran cantidad de investigadores y he ayudado a otros en sus trabajos a lo largo de más de dos décadas de carrera. Desde hace algunos años dedico una cantidad importante de horas cada semana para formar a nuevas generaciones, buscando siempre la excelencia y apegándome a principios éticos y procedimentales severos que, incluso, me han traído problemas con estudiantes. En los últimos tres meses, le he ofrecido a dos grandes profesionales de la UCR dos páginas completas de nuestra nueva sección “Por Invitación” para que analicen, en un caso, el aumento de los autoritarismos en Centroamérica y, en el otro, el tratamiento de la innovación en los medios de comunicación nacionales.
Pero, ante todo, profesionalmente soy periodista. Y en el contexto actual que vive Costa Rica, defender nuestra profesión es un deber ineludible. No voy a hacer pasar por un derecho de respuesta lo que considero que no es un derecho de respuesta. Voy a señalar cuando, como en este caso, se usen palabras medidas y recursos públicos para sembrar dudas sobre un trabajo periodístico profesional que no deja dudas.
La señora vicerrectora tenía la oportunidad de ir a la Sala Constitucional a defender la publicación de su texto. Yo habría defendido mi posición de que incumple los requisitos de ley. Los jueces habrían dado una sentencia que ambos estaríamos en la responsabilidad de aceptar y respetar. Así es como funciona, todavía, la democracia costarricense.
