Los cierres de aulas trajeron otro efecto colateral indeseable contra la educación: la interrupción del tamizaje o intervención anual de los EBAIS en los centros educativos.
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La educación pública costarricense está inmersa en una crisis sin precedentes que llevó al Programa Estado de la Educación a hablar de “apagón educativo”. Paradójicamente, más de un millón de estudiantes están en la oscuridad en la era en que el conocimiento es más accesible que nunca en la historia. Según la Curva de Duplicación del Conocimiento, antes de 1900 el conocimiento humano se duplicaba cada 100 años; a mediados del siglo XX se redujo a cada 25 años y actualmente se duplica cada 13 meses. Se estima que, con el Internet de las cosas, para 2030 se duplicará cada 12 horas. A la vez, según laCurva de Olvido, el 90% de lo aprendido se olvida en un mes, a menos que se refuerce el aprendizaje frecuentemente y de forma interactiva.
Por ello es fundamental asegurar la continuidad del servicio educativo, lo cual no ha ocurrido en Costa Rica durante el último quinquenio. Recordemos la prolongada huelga de docentes en 2018 y los paros intermitentes en 2019. Luego, como respuesta a la pandemia por covid-19, entre 2020 y 2021, Costa Rica fue uno de los países de la OCDE que mantuvo las aulas cerradas por más tiempo, a pesar de que no se tenía capacidad instalada para que toda la comunidad educativa –estudiantes y docentes– pudiera conectarse. La auditoría especial realizada en 2021 por la Contraloría General de la República sobre la adaptabilidad, accesibilidad y seguimiento del servicio educativo durante la emergencia sanitaria, arrojó resultados descorazonadores en cuanto a la eficacia de las estrategias del Ministerio de Educación Pública (MEP) para garantizar el cumplimiento del derecho a la educación. Además, desnudó la falta de mecanismos para verificar que los aprendizajes se adaptasen a las necesidades de los estudiantes. Como consecuencia, no solo se produjo un enorme rezago de aprendizaje, sino que se olvidó buena parte de lo que se había aprendido hasta entonces.
A consecuencia de las medidas tomadas en Latinoamérica durante la pandemia, se estima que la pobreza de aprendizajes –porcentaje de menores de 10 años que no pueden leer y comprender un texto básico corto– se elevó a 70%. Lamentablemente, el MEP no ha hecho un diagnóstico preciso del estado de situación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es decir, la institución también está a oscuras. Conocer con exactitud qué saben y qué no saben los estudiantes es cardinal para desplegar un plan adecuado y acelerado de recuperación y continuación de aprendizajes, con énfasis prioritario en lectura, escritura y matemáticas.
La crisis, sin embargo, no es solo de carácter académico. Los eventos descritos conllevaron, además, impactos negativos en otras dimensiones del bienestar integral del estudiantado: nutrición –por cierres de comedores escolares–, ansiedad, depresión, aumento del trabajo infantil en labores informales y de cuido, aumento de riesgo de violencia intrafamiliar y de consumo de drogas y conexión con redes criminales; pérdida de destrezas de socialización, etc.
Para aprender hay que estar saludable. Los cierres de aulas trajeron otro efecto colateral indeseable: la interrupción del tamizaje o intervención anual de los EBAIS en los centros educativos para poner vacunas, medir peso, talla, audición, vista y otros indicadores. El sistema educativo público es una fundamental puerta de contacto para las franjas poblacionales más vulnerables con el Estado de bienestar. Además de preservar la continuidad del curso lectivo, es prioritario que se restablezca el tamizaje anual de salud a partir de 2023.
La inestabilidad del servicio educativo público acarreó también la disminución de oportunidades futuras para esta cohorte. La pérdida de conocimientos, la no atención oportuna de necesidades educativas especiales, la brecha digital y otras barreras de acceso acentuadas durante las interrupciones y cierres, acrecentaron el riesgo de exclusión estudiantil, de no ingresar a universidades y a otros recursos como la formación técnica. Esto, a su vez, se traduce en menores ingresos futuros para esa generación,menos movilidad social y mayor pobreza multidimensional. Para el país, significará menoscabo en productividad y competitividad, menor crecimiento económico y eventual caída en desarrollo humano.
Durante el 2020-2021, muy pocas voces se levantaron para reclamar al Estado el cumplimiento del sagrado derecho a la educación. Se reabrieron comercios, bares y hoteles antes que centros educativos. El MEP no ejerció el contrapeso necesario para salvaguardar el bienestar integral de la población estudiantil que incluye, claro está, la educación efectiva. Recientemente, el llamado “receso lluvioso” impuesto por el Ministerio de Salud –criticado por múltiples voces expertas por evitable, improvisado e intempestivo–, nuevamente nos hace preguntarnos cuál instancia del Estado costarricense vela eficazmente por el derecho a la educación.
Editorial: ¿Quién vela por el derecho a la educación?
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