EscucharAl concluir la segunda legislatura es necesario hacer un balance de la débil labor legislativa reciente.
La fragmentación partidaria y la actitud confrontativa del presidente de la República, Rodrigo Chaves, hacia la institucionalidad en general —y hacia los diputados en particular— explican la pobre producción de leyes.
La división en el partido de gobierno y la inexperiencia del ejecutivo en el proceso legislativo, la ausencia de debate serio y la falta de proyectos sustanciales frente a los graves problemas del país redundan en raquitismo parlamentario.
La ausencia de deliberación sosegada degenera en la aprobación de proyectos superficiales. Únicamente un 16% de los proyectos aprobados tuvo votos en contra, ocho de cada diez votaciones en segundo debate fueron unánimes. Lo anterior no revela acuerdos y armonía sino vacío político.
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Las responsabilidad de flacos resultados en la producción normativa reside también en un poder Ejecutivo que no ejerce plenamente su derecho a la iniciativa parlamentaria.
Es así como en el primer periodo de sesiones parlamentarias de la segunda legislatura (2023-2024), Rodrigo Chaves solo presentó 13 proyectos de ley, mientras que los diputados presentaron 111. La situación fue más delicada en el primer periodo ordinario (agosto-octubre), donde el Ejecutivo únicamente presentó tres proyectos de ley y los diputados 162. La fracción oficialista solo llevó seis proyectos a la agenda parlamentaria.
El argumento oficialista de que sus proyectos son bloqueados en Cuesta de Moras se revierte ante estos números, la obstrucción de la corriente legislativa tiene orígenes significativos en Zapote.
Las divisiones intrapartidarias por asuntos banales también se encuentran en las bases del pobre desempeño legislativo. Diputados sin visión país, partidos sin agenda política y provincialismo llevan a disputas por puestos, viajes y protagonismo mediático que dañan profundamente a la institución parlamentaria.
Solamente 40 de 107 proyectos aprobados en dos legislaturas pueden ser calificados de legislación sustantiva.
Un análisis objetivo de la producción legislativa sustantiva revela que la mayoría de los proyectos aprobados ha girado en torno a materia de naturaleza económica (presupuestaria, tributaria, regla fiscal).
Las consecuencias de llegar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a bordo de un partido taxi han sido devastadoras, un claro ejemplo de ello ha sido la casi nula utilización de las sesiones extraordinarias, en las que el Ejecutivo tiene la iniciativa en la agenda parlamentaria.
La presentación de proyectos por el Ejecutivo ha sido escuálida o han sido mal elaborados, como en el caso de la propuesta para vender el Banco de Costa Rica (BCR), y otros fueron presentados para fenecer en el intento (cannabis medicinal).
Ante los graves problemas de la inseguridad ciudadana y la narcoactividad, el Gobierno ha recurrido a proyectos llenos de defectos técnicos o deficiencias constitucionales, los que han tenido que ser sustituidos y complementados por una comisión interinstitucional integrada por miembros de los tres poderes de la República.
La obsesiva preocupación por las variables fiscales ha llevado al olvido de la reforma educativa y de los regímenes de la seguridad social.
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Ante los problemas del cambio climático, la fracción de Gobierno se ha visto atada a la utopía negativa de la explotación petrolera fomentada por el presidente Chaves.
Los movimientos sociales desatados por la ausencia o contaminación del agua potable y la gestión de los residuos sólidos resaltan la necesidad de una agenda parlamentaria que incorpore estos temas estructurales en la deliberación.
Diferencias sobre el fondo se presentarán, pero lo importante es debatir y no evadir. La macroeconomía no lo es todo, la prosperidad de las empresas es muy importante, así como la creación de empleos, pero el país debe ir más allá de la estabilidad macroeconómica alcanzada, luego de intensos debates y discusiones.
Ha llegado el momento de fortalecer la inversión social y la integración social, sin ellas ni la prosperidad ni la democracia tienen futuro.
La dirección de la nueva legislatura se constituye y cohesiona como un esfuerzo claro por defender la institucionalidad, la división de poderes y frente a la amenaza gubernamental de apartar a los diputados de la vida pública.
El fortalecimiento del estado de derecho y la defensa de la democracia son también los grandes retos del parlamento.
