EscucharLas noticias emanadas del Ministerio de Hacienda no son nada halagüeñas ni tampoco plantean un panorama optimista para los próximos años en materia fiscal.
La evolución reciente de la recaudación, total e impositiva, confirma una pérdida de dinamismo significativa que traerá consecuencias delicadas sobre el déficit presente y futuro del Gobierno así como en su nivel de deuda. Entre julio del 2025 y julio del 2026, los ingresos totales cayeron un 0,1% en tanto los de origen tributario se contrajeron en un 1,2%. En neto, el Gobierno dejó de percibir ¢45.753 millones en impuestos en estos siete meses, un monto equivalente al 13% del presupuesto vigente del Ministerio de Seguridad.
Esta baja en la recaudación representa una situación atípica en la historia reciente nacional y trae consigo preocupaciones en diversos ámbitos. Por un lado, si las proyecciones de carga tributaria del Ministerio de Hacienda para el 2026 se cumplen (11,9% del PIB), entonces estaríamos en presencia de su nivel más bajo en al menos 20 años, solo igualado por el primer año de pandemia (2020). En ese sentido, todo aumento recaudatorio producto de la reforma fiscal del 2018 se habría perdido. Segundo, la consecuente expansión del déficit fiscal y, por ende, de la deuda del Gobierno Central, obligaría a las autoridades a combinar medidas de recuperación de ingresos con recortes persistentes en los presupuestos por encima de lo que la misma regla fiscal determina.
Cabe preguntarse, luego de 7 años desde su implementación inicial, sobre cuál es el margen real que tiene el Gobierno para mantener recortes presupuestarios agresivos sin afectar de forma considerable su propio funcionamiento. Tercero, la pérdida de recursos afectaría propuestas e iniciativas prioritarias del Gobierno actual en temas como infraestructura y seguridad ciudadana, por mencionar dos.
Los dos pilares que constituyen el andamiaje tributario en Costa Rica, el Impuesto al Valor Agregado y renta, se debilitan de forma simultánea. El IVA, por ejemplo, cayó un 3,1%. Si bien renta crece, lo hace levemente (0,8%) con tasas del 1,1% y 1,6% en personas físicas y jurídicas, respectivamente. Estos números se posicionan lejos del 13,7% que, en términos reales, creció este impuesto entre 2021 y 2023.
Este debilitamiento en la recaudación del impuesto de renta parece estar asociado con varias tendencias macroeconómicas. El comportamiento de la economía ayuda a explicar parte de esta situación. La economía costarricense mantuvo durante 2024 y 2025 un crecimiento relativamente estable, con variaciones del IMAE cercanas al 4% y 5%. Sin embargo, desde los primeros meses de 2026 el ritmo comenzó a moderarse: el crecimiento interanual del IMAE cayó a 3,5% en mayo y a 2,5% en julio, confirmando una desaceleración más marcada de la actividad económica. Esta moderación se trasladaría a utilidades y salarios, algo que afectaría la recaudación del 2026 y 2027.
A esto se suma que el mercado laboral ha dejado de ser un motor de la expansión de la base tributaria. Entre el primer trimestre del 2025 y el trimestre mayo-julio del 2026, el país perdió cerca de 60.000 puestos de trabajo de forma que la proporción de asalariados que tributa permanece prácticamente estancada. Los salarios, además, parecen estar perdiendo dinamismo como resultado del congelamiento de las remuneraciones del sector público y la persistencia de una inflación negativa que afecta su crecimiento. Los datos de la Encuesta Continua de Empleo muestran, por ejemplo, que el salario bruto gravable del 2026 fue un 6,1% menor al del primer trimestre del 2025, pasando de ¢1.392.191 a ¢1.307.052. A todo esto se le suma que otras rentas también muestran estancamientos relevantes: los contribuyentes registrados por alquileres casi no crecen, disminuye el número de personas físicas inscritas en utilidades y la recaudación proveniente de las personas jurídicas perdió el dinamismo observado hasta 2023.
También pesa el tipo de cambio. La fuerte apreciación del colón ha reducido los ingresos en moneda local de profesionales y empresas que facturan en dólares además de incidir sobre el valor de los alquileres cuyos contratos estén en esa moneda. Para ilustrar, entre el 1 de enero del 2022 y el 18 de setiembre del 2026, el colón se apreció un 30%, porcentaje que en definitiva tiene un efecto directo sobre cualquier recaudación que tenga al menos un componente parcial en moneda extranjera.
Costa Rica ha realizado un esfuerzo fiscal importante durante los últimos años pero los tiempos venideros son poco optimistas al menos fiscalmente hablando. El Ministerio de Hacienda mismo proyecta caídas en el impuesto de renta que irían del 4,4% al 3,6% del PIB entre 2026 y 2031 de cumplirse ciertas condiciones internacionales y locales. Esto no debe considerarse una profecía, pero sí una alarma para las autoridades sobre la urgencia de contar con un plan agresivo de recuperación de ingresos, siendo este el factor detonador de los problemas fiscales actuales.
Los anuncios del Ministerio en torno a orientar esfuerzos para reducir contrabando y evasión fiscal son adecuados pero deben ser analizados en un contexto con al menos dos desafíos. El primero de ellos incluye un entorno internacional y doméstico con expectativas inflacionarias y de tasas de interés al alza, un crecimiento económico moderado y un tipo de cambio que no da visos de retornar a valores previos. Sea que esto incremente el gasto o afecte negativamente los ingresos, el Ministerio debe considerar que, en todo caso, una alteración significativa de las condiciones macro incidiría en que el saldo fiscal se deteriore, obligando a redoblar esfuerzos en materia de recuperación de recursos.
El segundo reto pone su mirada sobre los factores facilitadores del proceso de recaudación tributaria. Para Hacienda no solo es importante recaudar más sino que el dinero resultante de esas acciones ingrese a la Caja Única del Estado en el menor plazo posible, esto para evitar que las presiones de liquidez se transformen en acceso a una deuda más cara. Surgen pues las interrogantes de si el Ministerio cuenta con el recurso humano y la tecnología suficientes para afrontar este tipo de acciones. Además, sería importante comprender a cabalidad si la legislación actual promueve una rápida resolución de casos o si precisamente se convierte en una barrera que aletargue el pago de dichos impuestos. En caso negativo, se abre la oportunidad de proponer a la Asamblea Legislativa una cartera de proyectos que elimine esas distorsiones.
