EscucharLa guerra comercial global que Donald Trump lanzó el 2 de abril ha entrado en una nueva fase: la negociación. Un nuevo memorando de entendimiento con el Reino Unido enumera las “propuestas iniciales” que podrían llegar a concretarse en un “acuerdo de libre comercio”. En un posteo en línea titulado “el arte de la negociación”, la Casa Blanca proclamó la suspensión durante 90 días de los aranceles que le había impuesto unilateralmente a China y el fin de las “represalias” chinas. Según la administración, hay negociaciones en curso con “decenas” de otros países.
Estas “negociaciones” implican que Estados Unidos puede suscribir y suscribirá nuevos acuerdos vinculantes sobre comercio con otros países. ¿Pero Estados Unidos puede seguir asumiendo compromisos de forma creíble?
Un país como Estados Unidos suele contraer compromisos internacionales vinculantes mediante leyes o tratados firmados y ratificados por ambos gobiernos. Si una de las partes puede abandonar sin previo aviso una ley o un tratado, su compromiso no es creíble. Las propias acciones de Trump demuestran que no se considera obligado por estatutos o tratados, y nadie en el sistema legal estadounidense está dispuesto a forzarlo a cumplirlos de manera oportuna y efectiva, ni puede hacerlo.
Consideremos primero los estatutos. Desde el siglo XVIII, el Congreso ha delegado en el ejecutivo autoridades comerciales cuidadosamente diseñadas. Los presidentes George Washington, John Adams y Thomas Jefferson tenían autorizaciones claramente definidas para embargar buques. Sin embargo, al delegar dicha autoridad comercial, el Congreso también impone límites, lo que significa que los socios comerciales pueden entender qué esperar de la Casa Blanca leyendo el texto de los estatutos.
La administración Trump ha eludido los límites estatutarios, haciendo caso omiso, en gran medida, de las leyes a las que normalmente se apela para asuntos comerciales, como la Ley de Expansión Comercial de 1962. Estos estatutos imponen largas obligaciones para investigar y sacar conclusiones antes de imponer aranceles. Pero en su afán por generar impacto político, la administración Trump utilizó un estatuto de 1977, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para tratar de justificar sus aranceles “recíprocos”.
Como yo y muchos otros analistas hemos señalado, esta ley de 1977 claramente no permite aranceles del tipo impuesto el 2 de abril. Pero si los aranceles sobre el Reino Unido y China fueron ilegales desde el primer día, los negociadores comerciales de la Casa Blanca no pueden alegar ahora de forma creíble que están obligados por ningún estatuto federal.
¿Y qué hay del derecho internacional? El patrón oro es el tratado. Pero, también en este caso, Trump ha demostrado que no puede ni estará obligado. En 2018, su primera administración insistió en renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el Congreso ratificó el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá resultante en 2020. Sin embargo, Trump lo desechó unilateralmente al imponer aranceles generalizados del 25% a ambos países socios este año. Incluso ha llegado a sugerir que el tratado fronterizo de 1908 entre Canadá y Estados Unidos crea una “línea artificial” que “no tiene sentido”. En consecuencia, ni los estatutos ni los tratados estadounidenses prevén un compromiso creíble en materia de política comercial.
Una antigua ambigüedad de la legislación estadounidense complica la situación. ¿Hasta qué punto se supone que son vinculantes los acuerdos internacionales? Según la interpretación predominante del derecho constitucional estadounidense, Trump puede retirarse de los tratados sin notificarlo a los socios internacionales o al Congreso. El principal ejemplo es la decisión del presidente Jimmy Carter en 1978 de rescindir el tratado de defensa mutua de 1954 con Taiwán. Los senadores estadounidenses, encabezados por Barry Goldwater, intentaron impugnar la decisión de Carter ante los tribunales, pero fracasaron. La Corte Suprema desestimó su demanda por motivos de procedimiento.
Este problema de compromiso se mitigaría si hubiera algún otro actor en el sistema legal estadounidense que pudiera poner en jaque al presidente en el momento oportuno. Pero el Congreso se ha mostrado supino. Los legisladores republicanos están tan aterrorizados de ser desafiados en unas elecciones primarias del partido que no han ofrecido resistencia a Trump, ni siquiera cuando se han enfrentado a candidatos manifiestamente no calificados para ocupar cargos altos en el poder ejecutivo.
Algunos esperan que los tribunales ejerzan un control sobre la administración. Esta misma semana, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Manhattan escuchó argumentos en el primer desafío legal a los aranceles. Pero yo no soy optimista. Incluso si los jueces actúan, el proceso de litigio lleva tanto tiempo que le deja a Trump una amplia discreción práctica para utilizar aranceles ilegales. Su administración ya se ha mostrado dispuesta a hacer caso omiso de las órdenes judiciales en otras instancias, y sus argumentos jurídicos para hacerlo serían aún más sólidos cuando se trata de asuntos exteriores.
En resumen, ningún otro país debería dar por sentado que los “acuerdos” de Trump son vinculantes o duraderos. Deberían prestar atención a la advertencia de los bufetes de abogados que han cerrado acuerdos con Trump. En lugar de encontrar certidumbre, estos bufetes han descubierto que el presidente considera estos acuerdos como infinitamente maleables. No dudará en renegar e imponer nuevas condiciones cuando le convenga.
Por supuesto, líderes políticamente vulnerables como el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, pueden aferrarse a acuerdos para asegurarse un alivio temporal relacionado con el comercio. Pero todo lo que crean haber conseguido será ilusorio. Las mismas herramientas que Trump ha utilizado para librar su guerra comercial hacen mucho más difícil alcanzar la paz.
Aziz Huq, profesor de Derecho en la Universidad de Chicago, es autor de The Collapse of Constitutional Remedies (Oxford University Press, 2021).
