Siempre creí que el periodismo especializado, con énfasis en economía y finanzas, por ejemplo el del periódico El Financiero en nuestro país, tenía un compromiso con la rigurosidad técnica.
Por lo tanto, suponía que estos medios de comunicación, además de informar sobre los hechos con datos duros, también contribuían con el análisis e interpretación de la situación macro y microeconómica de nuestro entorno, interno y externo.
Dentro de esa rigurosidad técnica, no habría espacio, según yo, para el amarillismo, el sarcasmo, ni la chota, que son propios de los periódicos corrientes, ordinarios y faranduleros. Sin embargo, para mi desencanto y decepción, es obvio que me equivoqué.
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En el caso de EF sorprende que el editorial titulado “La Nueva Ley de Newton”, de la edición No. 1254 (12-18 de octubre anterior), basado en el importante Proyecto de Reforma a la Ley de Protección al Trabajador, no contenga ningún análisis técnico, ni contribuya con la discusión de los alcances de dicha iniciativa.
En este caso, el editorial se divide en dos secciones: En la primera, se hace alusión a dos Newton, por un lado, al gran genio físicomatemático, filósofo y teólogo inglés; y, por otro lado, a este servidor. La intención del editorialista, al aludir a uno y otro Newton, no es otra que el de tratar de hacerse el gracioso para chotear y degradar a este Newton. Por cierto, fracasó en ese esfuerzo por la forma burda, torpe y ordinaria en que lo intentó.
En la segunda sección del editorial, denominada “Un proyecto populista”, se hace un ataque visceral a la iniciativa de este Newton, con una andanada de epítetos y calificaciones subjetivas e irracionales, y, por lo tanto, poco serias como “temerario, irresponsable, populista y corto de miras”. Al mismo tiempo, me acusa de populista, por honrar permanentemente mi compromiso de servir a mi Patria, y con ello, a mis conciudadanos.
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El periodismo tiene asignado el extraordinario papel de informador y formador social. Rol que no se puede tomar a la ligera, y mucho menos en estos tiempos en que estamos en el umbral del advenimiento de un gran activismo ciudadano, ante el cual, quiéranlo o no, los medios están llamados a jugar un papel crucial, al ser sin duda alguna, una de las principales fuentes de información, de reflexión y de formación ciudadana.
Sumado a esto, es público y notorio que nuestro país está en crisis y que no pasa por sus mejores momentos, entonces, hoy más que nunca el periodismo juega un papel vital y estratégico para nuestra recuperación. Necesitamos medios de comunicación que en su ejercicio periodístico sean lo más verídicos y rigorosos posible.
Y en el caso de los medios especializados, como El Financiero, todo lo anterior, es mucho más exigente y por eso de ellos se espera excelencia y un mayor compromiso.
¿Genera pobreza?
Ahora bien, con el ánimo se ser asertivo, quisiera utilizar parte de este derecho de respuesta, para referirme a los méritos del proyecto, el cual, seguiré defendiendo, aún cuando El Financiero trate de disuadirme burdamente y sin argumentos válidos.
Sobre el fondo de la discusión, que es realmente lo relevante, permítanme aportar los siguientes datos históricos sobre el Régimen de Pensiones Obligatorio (ROP):
En el 2010, de acuerdo con la ley, todos los jubilados debían recibir una pensión del ROP y no se podía retirar la totalidad de los recursos. Sin embargo, fue la Superintendencia de Pensiones (Supen), por medio de un reglamento, la que autorizó a casi todos los jubilados, a llevarse la totalidad de sus ahorros. De este modo, en el mismo año, de los 8.218 trabajadores que se jubilaron, solo cuatro reciben pensión del ROP. Los restantes 8.214 jubilados retiraron, en un solo tracto, la suma de ¢2.075.930 en promedio, para un total general aproximado de ¢17.000 millones.
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En el 2011, se pensionaron 8.330 trabajadores, de los cuales solo 12 personas reciben pensión del ROP. Los restantes 8.318 pensionados retiraron en un solo tracto la suma ¢2.315.556, en promedio, para un total general aproximado de ¢19.200 millones.
En el 2012, se retiraron 10.314 personas, de las cuales solo 33 reciben pensión del ROP. Las restantes 10.281 retiraron en un solo tracto la suma de ¢2.915.061 en promedio, para un total general aproximado de ¢29.900 millones.
Es decir, y, en resumen, entre el 2010 y el 2018, se jubilaron 111.595 personas, de las cuales solo 11.090 recibieron o reciben pensión del ROP. Los restantes 100.505 jubilados retiraron la totalidad de sus ahorros por autorización expresa de la Supen. Es así como durante esos ocho años, el retiro fue de un total aproximado de ¢447.000 millones (datos obtenidos del Informe de Coyuntura y Supervisión del Sector Pensiones, Cuarto Trimestre del 2018).
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Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿la autorización de la Supen en el 2010, para que los jubilados pudieran retirar la totalidad del ROP, fue una decisión “temeraria, irresponsable, populista y corta de miras”? Si esto es así, ¿dónde estaban los paladines de la seguridad social de Costa Rica, para criticar e impedir esa enorme fuga de recursos del fondo durante ese largo período de ocho años?
Si fuera cierto que el retiro total genera pobreza, entonces ¿los 100.505 jubilados que retiraron el ROP entre el 2010 al 2018, son personas pobres por culpa de la Supen? ¿Dónde está el descalabro por estos retiros? ¿Disminuyeron los rendimientos del fondo por los casi ¢447.000 millones que se retiraron entre el 2010 y el 2018? ¿Deben sentarse responsabilidades en la Supen por lo irresponsable y populista del artículo 6 del Reglamento de beneficios del ROP?
El editorialista de EF debe contestar esas preguntas, para ser consecuente con la rigurosidad técnica del periodismo especializado, y desistir de hacerse el gracioso y de pretender influir en la toma de decisiones por medio del sarcasmo, la chota y la farandulería.