EscucharLas fotomultas, o las multas realizadas a través de cámaras instaladas en carreteras, están cerca de revivir en Costa Rica.
La idea proviene de una iniciativa privada que está bajo revisión en el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y que cuenta con el apoyo de las autoridades.
Aunque al plan aún le faltan algunas etapas por superar, de llegar a ser una realidad este proyecto de fotomultas significa el retorno de esta modalidad de cobro de infracciones que ya antes se intentó aplicar en Costa Rica, pero trastabilló.
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Revisamos lo que se sabe del proyecto, algunos antecedentes y el cobijo legal de la propuesta.
¿Qué se sabe?
El Cosevi y el CNC han publicado algunos detalles del nuevo intento de fotomultas, aunque aún otros aspectos son desconocidos. El Financiero envió a las instituciones varias consultas para conocer otros alcances del plan, pero la respuesta sigue pendiente.
La idea surge de una propuesta de concesión planteada por la empresa alemana Jenoptik y Global Development Project S.A. Esto quiere decir que ambas compañías están diseñando la propuesta, que actualmente está en revisión, y luego se hará un concurso para dar en concesión el proyecto final. Las dos empresas proponentes pueden participar, pero no les asegura ganar la licitación. La expectativa es tener listo el cartel de licitación este año.
Por el momento se sabe que se contempla la colocación de 400 cámaras en los 200 puntos del país con más incidencia de accidentes. Estos lugares específicos los determinará el Cosevi.
En principio estas cámaras vigilarán solo la velocidad, para verificar que no se exceda el límite en cada zona, pero luego podrían usarse para otras infracciones, como el incumplimiento de la restricción vehicular.
El Cosevi, además, ha dicho que las cámaras utilizarán inteligencia artificial, aunque se desconoce en qué medida y para qué tareas específicas.
Además, otro punto por definir es el método de cobro, algo que consultó este medio, pero que sigue sin respuesta. Las autoridades han adelantado que la multa se hará al dueño de la placa, aunque no sea el que estuviera al volante cuando se cometió la infracción en el momento de la captura. El cobro podría hacerse al final del año en el marchamo o podría existir otro mecanismo.
Sin embargo, una vez instalado el sistema, la propuesta de las empresas es que exista un año como “periodo de gracia”, en el que se les notifique la multa a los conductores pero sin cobrarla, de modo que tomen conciencia de la existencia y funcionamiento de las cámaras.
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En 2011 fue la primera vez que el Cosevi intentó poner en marcha un sistema de fotomultas, pero inconvenientes con el método de notificación, falta de presupuesto y un fallo de la Sala IV detuvieron la ejecución del proyecto.
Posteriormente, en 2020 se propuso el Sistema Integrado para el Control de la Movilidad (Sicom), que se asignó al consorcio Gestión Tecnológica ITS por un monto de $54 millones, pero la pandemia de covid-19 dificultó la presupuestación del mismo.
¿Existen roces legales?
En principio, un plan de fotomultas no produce un roce directo contra alguna legislación. Por el contrario, la normativa vigente habilita las fotografías y videos como pruebas para estipular sanciones.
Sin embargo, los posibles problemas legales pueden venir de la posterior implementación y seguimiento de las multas. También estará más claro la viabilidad legal cuando se conozcan los detalles del proyecto final a licitar.
En la ley vigente se encuentra la habilitación legal que permitiría utilizar mecanismos de prueba como grabaciones o fotografías”.
— Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte.
Alonso López, director de la práctica de Derecho Constitucional de Ecija Legal, mencionó que la conducción en vía pública no está cubierta dentro del ámbito de la privacidad, pero sí lo está el interior del vehículo, por lo que debe garantizarse la intimidad de la persona y lo que suceda dentro del mismo.
La premisa es que la acción de manejar no es una actividad privada, pero se ejecuta en vehículos que son recintos privados, lo cual implica garantías y derechos fundamentales.
Además, hay varios elementos establecidos en la legislación que deben contemplarse en la propuesta. Por ejemplo, se debe señalizar la presencia de las cámaras y dicha señalización debe colocarse en un rango de 150 a 60 metros antes del dispositivo.
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No obstante, un punto en discusión para los abogados es quién será el sujeto a multar. Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte, recordó que la sentencia de la Sala IV del 2012 estipuló que la responsabilidad por infracciones de tránsito es estrictamente personal y debe recaer sobre el conductor y no sobre el propietario del vehículo. Esto significa que debe determinarse la persona que cometió la infracción y probarse su culpabilidad.
“No es lo mismo determinar la culpabilidad del infractor, que la responsabilidad de un tercero propietario registral. Entonces, debe respetarse el principio de culpabilidad, identificando claramente a la persona que conduce y cometió la infracción”, agregó López.
Otro elemento en el ojo de los especialistas es la aplicación de la inteligencia artificial en estos equipos. El escenario ideal sería que, una vez se detecta la infracción y se determina la multa, exista supervisión humana para confirmar los hechos o desestimarlos.
Lo anterior va ligado con el uso de los datos e imágenes. La utilización de esta información para fines distintos a los de la aplicación de multas podría infringir la ley, además de que se debe procurar un resguardo seguro para estos datos.
El procedimiento de notificación de la multa también debe estar acorde a las normas vigentes. Por ejemplo, en el fallo del 2012, la Sala IV determinó que la notificación mediante edictos en el diario oficial La Gaceta era válida, siempre que se complementara con un procedimiento que contemple el derecho de defensa del infractor. Debe dársele al conductor multado una posibilidad real de impugnación y defensa.
“El equipo de detección no es el que puede generar el problema por sí mismo, sino la manera en que este se implemente por parte de las autoridades”.
— Alonso López, director de Derecho Constitucional de Ecija Legal.
Otro aspecto incluido en diversos fallos de la Sala IV es que, si se crean nuevas multas por montos fijos, estas sumas no deben ser muy altas, pues puede afectar la proporcionalidad y la razonabilidad constitucional.
Estos detalles aún pendientes de definir terminarán de conocerse con el cartel de licitación que se espera publicar este año.
