Las redes de quinta generación (5G) avanzan en diferentes continentes, pero plantean inquietudes sobre su viabilidad, su impacto económico y los requerimientos de despliegue de infraestructura.
Lo que sí es claro es que, como ocurrió con las redes anteriores (2G, 3G y 4G), la de 5G será la próxima tecnología de comunicación inalámbrica y es inevitable avanzar hacia ella. No hacerlo tiene implicaciones para la competitividad del país y ante necesidades de conectividad actual que no se pueden resolver con otros sistemas.
Para tener éxito en la implementación y aprovechamiento de los servicios se requiere ir más allá de la implantación de la red.
“En los países donde ya se ha implementado 5G un modelo que es exitoso es la creación de un Capítulo 5G donde se integran diferentes actores: proveedores, gobierno, instituciones educativas y sector productivo”, dijo Elizabeth Arroyave, vicepresidenta de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), durante el foro 5G organizado por El Financiero el pasado 29 de junio.
Arroyave también forma parte del Capítulo loT/5G de esta misma organización y es fundadora de la firma StockSafe, especializada en aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) en el sector agropecuario.
A nivel global existen más de 700 millones de conexiones 5G y se prevé que alcanzarán 4.800 millones para fines de 2026. Asimismo hay 224 redes 5G instaladas, de las cuales 14 están en América del Norte y 25 en América Latina y Caribe.
En el mercado internacional, a mayo pasado se contabilizaban 1.334 dispositivos 5G. La mitad eran teléfonos móviles.
Dudas
Algunos sectores de la industria, incluyendo firmas como Millicom, cuestionan la rentabilidad actual de 5G para los operadores de telecomunicaciones y si América Latina está preparada para este tipo de redes y servicios. También hay operadores que plantean desplegar redes neutras, donde los usuarios y empresas puedan elegir al operador.
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Las redes y servicios de 5G implican cambios en los servicios para los usuarios y especialmente para las empresas, si bien ya con 4G se habían dado avances en ambos sentidos, como Internet de las cosas (IoT).
“Hay un cambio de paradigma tanto a nivel de conectividad de las personas como de las empresas”, señaló José Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty. “Lo que se puede realizar con 4G se puede hacer de forma más robusta y con un crecimiento exponencial gracias a las capacidades de la red de 5G”.
Arroyave dijo que se tendrán soluciones que no se tienen identificadas todavía al no contar con la red en el país, pero las empresas podrán transformarse y transformar su oferta productiva con nuevas soluciones para ser más competitivos. “Tendremos una transformación de la oferta productiva y de la educación”, dijo Arroyave.
Arroyave, Estrada y Rivera respondieron en el foro numerosas preguntas relacionadas con la salud, las frecuencias, cobertura y aplicaciones específicas en agricultura, por ejemplo.
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En el foro virtual se preguntó sobre las posibilidades de una red neutral. Esta alternativa, sin embargo, tiene sus inconvenientes.
“No es de recibo, como algunas personas pretenden, porque crea un monopolio. Es ilegal al no ir de acuerdo con los principios de la legislación que nos rige”, advirtió Edwin Estrada, director de desarrollo para Centroamérica de Nae.
Estrada insistió que se debe garantizar la competencia en el mercado y el acceso a los recursos por parte de los operadores de telecomunicaciones, en cumplimiento de la regulación y la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642).
Compartir infraestructura
La red 5G obligará a un despliegue diferente al de las redes de 2G, 3G y 4G, basadas en radiobases instaladas en torres de transmisión.
La nueva tecnología obliga a contar cuatro veces más la cantidad de dispositivos de acceso, para garantizar la baja latencia y la conectividad que promete. Algunos dispositivos, por ejemplo para colocar en edificios en zonas urbanas, son del tamaño de una caja de zapatos.
“Si se comparte infraestructura, baja el costo de las redes y las tarifas a los usuarios”, indicó Sebastián Cabello, experto en telecomunicaciones y CEO de SmC+, en el Foro “Costa Rica conectada”, organizado este 30 de junio, por Ciber Regulación y el Instituto Tecnológico de Especialización y Capacitaciones (Intec).
El modelo actual de instalación y gestión de las torres requerirá un cambio. En Costa Rica se contabilizan 4.500 torres, pero solamente 20% están compartidas. “Se han colocado más torres de las que se necesitan”, dijo Germán Arias, gerente de gobierno y asuntos regulatorios de SBA, una firma especializada en gestión de torres de telecomunicaciones.
Es necesario, también, que las municipalidades y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contribuyan en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, eliminando resistencias e introduciendo ducterias y otras facilidades en los diseños de carreteras.
“Las mismas personas que se oponen a la instalación de infraestructura en sus comunidades son las que luego se quejan de que no tienen servicios de telecomunicaciones”, dijo Estrada.
Tanto Arias como Miguel Di Campo, gerente de asuntos públicos de American Tower para Perú, Colombia y Costa Rica, destacaron la aprobación de la Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica (N° 10.216). Están pendientes los cuatro reglamentos para operativizarlos. Pero eso no será suficiente.
La integración del MOPT, las municipalidades y otras entidades es clave. “Se debe trabajar juntos para cumplir la ley de forma sostenible”, dijo Di Campo.