EscucharEl Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por la empresa Huawei Technologies Costa Rica S.A. (Huawei) contra el Estado de Costa Rica y que buscaba suspender la ejecución del Reglamento sobre medidas de ciberseguridad aplicables a los servicios de telecomunicaciones basados en la tecnología de quinta generación móvil (5G) y superiores.
Este reglamento, emitido mediante Decreto Ejecutivo N.º 44196-MSP-Micitt el 25 de agosto de 2023, impide que ese fabricante pueda ser contratado como proveedor de equipos y redes para redes 5G al considerarse que su país de origen, China, no ha suscrito el convenio de ciberseguridad de Budapest.
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) comunicó que recibió este 20 de febrero de 2025 la resolución emitida por este Tribunal.
El Tribunal argumentó:
1. Que la solicitud de Huawei no cumplía con los requisitos para el otorgamiento de una medida cautelar, principalmente porque no se demostró con los argumentos y prueba presentada qué daño le provoca la existencia del reglamento.
2. La solicitud de Huawei pretendía una excepción para eliminar requisitos o condiciones en el cartel de licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la implementación de la red 5G, lo que se consideró una lesión al ordenamiento jurídico.
3. La suspensión del reglamento desprotegería a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.
4. El interés público en la seguridad nacional y la soberanía cibernética de Costa Rica prevalecía sobre el interés particular de Huawei.
5. El Convenio ofrece una herramienta fundamental para proteger la sociedad digital globalizada contra las amenazas cibernéticas transfronterizas. “El Convenio de Budapest es una medida de control de ciberseguridad que minimiza el riesgo de seguridad en este caso, un riesgo de seguridad nacional”, señala la resolución del Contencioso.
6. La afectación que Huawei alega no nace —según el Tribunal— a raíz del Decreto Ejecutivo N.º 44196-MSP-Micitt sino por argumentos relacionados con el proceso licitatorio efectuado del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el cual únicamente tiene una expectativa de derecho, ya que no ha sido adjudicado a ningún oferente.
Sobre este punto el Tribunal agregó:
“En cuanto a la Ponderación de Intereses, es criterio de este Juzgador que, al no existir un daño que sirva de base para ponderar los intereses del actor vs los intereses públicos, no es posible entrar a valorar este presupuesto, toda vez que, lo que se pondera es el daño que puede acarrear la no adopción de la medida cautelar con el hecho de acogerla, según los intereses del actor o del demandado”.
Falta otro recurso
El recurso interpuesto por Huawei no es el único. Falta que el mismo Contencioso resuelva otra medida cautelar interpuesta por los sindicatos del ICE.
El mismo Micitt recordó que a la fecha, después de más de un año de su interposición, sigue sin resolverse la medida cautelar provisionalísima interpuesta por el Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad y de la Industria de Telecomunicaciones (FIT).
El FIT presentó esa medida junto con algunos legisladores. “El hecho sorprende pues ya existe suficiente fundamento para descartar los argumentos con los que se quiere retardar la aplicación del citado reglamento”, insistió el Micitt.
El Ministerio insistió que el reglamento no es discriminatorio ni violenta tratados internacionales, sino es una herramienta técnica y jurídica que busca proteger los derechos e intereses de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones, garantizando el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la seguridad de las redes móviles y servicios 5G.
Eso habría sido respaldado por la Sala Constitucional a través del Voto 02222-2024, recaltó el Micitt.
Consecuencias
Lo que resuelva el Tribunal con estas medidas cautelares no afecta el proceso de concesiones de frecuencias para 5G iniciado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a los siete operadores que participaron en la subasta realizada los pasados 23 y 24 de enero.
En ese proceso concursaron los operadores Claro, Liberty, Ring Centrales, Coopelesca, Coopeguanacaste, Coopesantos y Coopealfaroruiz.
Los resultados de la subasta se encuentran en la etapa de resolución a nivel del Poder Ejecutivo, a lo que seguiría la firma de los contratos respectivos y el refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
Estos operadores deben cumplir el Reglamento de cibeseguridad de 5G y contratar proveedores de países que sí firmaron el Convenio de Budapest.
Tampoco afecta la red y el servicio de 5G lanzado por Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa), que utiliza sistemas y equipos provistos por Nokia, como comunicaron ambas firmas en octubre de 2024. Con esta red, Racsa brinda servicios a nivel corporativo y recientemente lanzó uno para conectividad inalámbrica fija dirigido a hogares.
El que sí queda pendiente aún es el ICE para su licitación de la red 5G dirigida a servicios móviles de usuarios.
“El ICE todavía está sujeto a una medida cautelar (la solicitada por el FIT) por lo que el proceso de licitación aun se encuentra paralizado”, explicó Juan Manuel Campos, director de Ciber Regulación y especialista legal en telecomunicaciones.
El reglamento es objeto de múltiples controversias en el plano político. Incluso Estados Unidos canceló las visas para ingresar a ese país. Las diputadas han realizado control político sobre las acciones del gobierno costarricense para impedir la participación de empresas chinas como proveedoras de redes 5G a operadores.
