EscucharLa Contraloría General de la República mantuvo la posición de ordenar la separación de la Fundación Omar Dengo (FOD) de la Red Educativa del Bicentenario (REB) al rechazar las medida cautelares suspensivas a su decisión del 11 de octubre anterior y declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la misma FOD y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La Contraloría indicó que se confirma la orden “en todos sus extremos al no encontrarse vicio de nulidad alguno”.
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Según el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría existe una transferencia de competencias esenciales del MEP a la FOD, lo que justificaba la orden para que el MEP asumiera directamente sus competencias vinculadas con la Red del Bicentenario y se suspendan las actuaciones que estuviera ejecutando la FOD.
La FOD estaba asignada por el MEP para brindar conectividad a 2.139 centros educativos. La conectividad de otras 2.375 escuelas y colegios está a cargo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
La orden de la Contraloría fue impugnada por el MEP y por la FOD, pero el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, al resolver los recursos de revocatoria, los declaró sin lugar y el Despacho Contralor resolvió las apelaciones en la resolución del 8 de diciembre de 2021, “tras comprobar que la Fundación está asumiendo el desarrollo y gestión de la REB con un papel protagónico, limitándose el MEP a avalar las actuaciones de la FOD, rechaza los recursos y confirma la orden girada”.
La Contraloría reconoce que la Red del Bicentenario es un proyecto importante para el sistema educativo nacional, especialmente para afrontar las distintas realidades, brechas y necesidades tecnológicas que existen y que se han agudizado con la pandemia.
Sin embargo, argumenta la Contraloría, “resulta ineludible la función del MEP que no puede transferir sus potestades constitucionales y legales a un sujeto privado”.
El órgano contralor indicó que se reconoce que la participación de sujetos privados en la articulación de soluciones para cubrir necesidades de interés público es posible. Sin embargo, “no puede aceptarse un vaciamiento de las competencias del aparato estatal en las condiciones ocurridas en este caso”.
Dice la Contraloría: “El MEP no puede justificar la delegación del proyecto o una incapacidad alegada para ello dado que cuenta con los recursos económicos y el personal técnico necesarios, pudiendo acudir a los procedimientos de contratación administrativa para atender las necesidades de bienes o servicios que pudiera requerir”.
Finalmente, la Contraloría le indicó al MEP que debe garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza para la conexión de 4.821 centros educativos.
La Contraloría aclaró que la FOD se encuentra habilitada por la Ley de Declaración de Utilidad Pública del Programa de Informática Educativa (N.º 8207), conocido como Pronie, para participar en la ejecución de ese programa, lo que ha hecho por muchos años.
Sin embargo, la Red Educativa del Bicentenario tiene como propósito no solo apoyar el desarrollo de contenidos curriculares sino que incorpora la implementación de servicios de conectividad también para la gestión administrativa institucional del MEP, incidiendo sobre todos los programas sustantivos y de apoyo organizacional (lo que va más allá del Pronie) e involucra la participación de otros actores, como Fonatel y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“De este modo, no es posible que cualquier proyecto que pretenda llevar adelante el MEP se califique como parte del Pronie y se pretenda cubrir con la citada Ley N.° 8207, para trasladarlo de manera directa a la Fundación”, concluye la Contraloría.
