Para la industria de tecnología las conversaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) con el Grupo ICE era el paso conveniente para evitar la judicialización de la recuperación de las frecuencias sin uso de 2,6 y 3,5 GHz para redes de 5G. Pero su fracaso decepciona y mostraría falta de liderazgo.
Peor aún es la impresión sobre el estudio técnico y jurídico que hará el Micitt como siguiente paso. “Decepciona que no se tuviera ya absoluta claridad de cuáles son los pasos a seguir para asegurar lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642) en cuanto a uso eficiente del espectro radioeléctrico”, afirmó Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).
El sector empresarial recalca que más allá de lo técnico se requiere una intervención política de alto nivel. “Lamentablemente estamos ante un problema de falta de voluntad política y liderazgo, porque el Poder Ejecutivo sí tiene las herramientas para recuperar el espectro radioeléctrico”, acusó Adolfo Cruz Luthmer, vicepresidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
Los gremios recordaron que desde hace cuatro años la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) emitió al menos 10 informes técnicos que demostraron tanto la concentración de las frecuencias en las bandas como el uso ineficiente 2,6 y 3,5 GHz, al tiempo que urgían al Poder Ejecutivo para valorar la recuperación.
Los especialistas también indican que se pudo hacer más. “El procedimiento que debió seguirse es el que está indicado en el articulo 22 inciso 2, acápite c) de la ley general de telecomunicaciones, que le garantiza al Poder Ejecutivo la posibilidad de actuar de forma inmediata, para lo cual solo debía alegar las razones de interés público ya documentadas por la Sutel”, acotó Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación Consultores.
Agregó que la Presidencia Ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está sujeta a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo y es extraño que no se haya ejercido esa potestad. “Extraña también que en materia de rescate de frecuencias, vía lesividad o bien la no renovación de concesiones, el Poder Ejecutivo si ha actuado sin mayor dilación, pero en casos como el del ICE no ha actuado con la diligencia necesaria”, acusó Campos.
Al sector le extrañó que el propio Presidente de la República anunciara públicamente que el acuerdo con el ICE estaría listo entre mayo y junio del presente año 2021, pero que finalmente no se lograran resultados.
El Micitt anunció el pasado 25 de junio la orden de la ministra Paola Vega para que el Viceministerio de Telecomunicaciones elabore un estudio técnico y jurídico sobre la posible recuperación de las frecuencias. El viceministro Teodoro Willink respondió que desconocen la fecha en la cual lo tendrán listo y lo entregarán a la Ministra y al Presidente Alvarado.
La industria insiste que el retraso existente en el inicio del proceso (que estiman de al menos dos años) y en la importancia estratégica de las redes de 5G, tanto para servicios de los operadores locales y la implementación de diversas aplicaciones (ciudades, edificaciones, producción y servicios inteligentes) como para que las empresas de software desarrollen soluciones que aprovechen la nueva tecnología.
El Grupo ICE no respondió las consultas enviadas y reiteró que respeta la normativa de regulación del espectro y su uso eficiente, así como su interés en colaborar con el Ministerio en la implementación de la tecnología 5G y en una pronta implementación de la tecnología 5G “por ser una necesidad nacional”.
Pasos
Las Cámaras, que incluyen a operadores de telecomunicaciones y firmas de sistemas y servicios informáticos, consideran que es necesario avanzar sin dilaciones para la recuperación de las porciones de las bandas que se requieren.
—Los empresarios señalan que se debe partir de la voluntad expresada públicamente por el Presidente Alvarado y la Ministra Paola Vega para valorar todas las soluciones que ofrece el ordenamiento jurídico.
Eso implica proceder según lo que determina la Ley 8642 en el artículo 7 (“el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público”) y en el 22 inciso 2, donde establece que son causales de extinción del contrato de concesión el “incumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en esta Ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas en el contrato de concesión”, en virtud del interés público.
—Existen múltiples informes de la Sutel que dan respaldo a la aplicación de la normativa, considerando la necesidad de contar con las condiciones en competencia para desarrollar la tecnología 5G, consdierada vital para la competitividad y el desarrollo del país. “Estas bandas medias son indispensables para desplegar oportunamente el 5G en Costa Rica”, recalcó Montero.
A esos informes se suman estudios internacionales complementarios que resaltan el retraso del país en la materia y las consecuencias negativas para el desarrollo económico, en la atracción de inversión extranjera directa y en el desarrollo digital y basado en la innovación del país.
—Las Cámaras recalcan que, partiendo de los informes de Sutel, el camino lógico y más expedito es el acuerdo entre el Micitt y Grupo ICE para la devolución de las frecuencias. Se debe insistir en esta solución. Sin embargo, el tiempo perdido obliga a que el Poder Ejecutivo proceda con prontitud y decisión política.
Para el sector es imprescindible que el presidente Carlos Alvarado ejerza su rol, respaldando tanto a la Ministra Vega como al Viceministro Willink en la negociación y resuelva por la vía del acuerdo esta situación, ya que es un tema altamente estratégico y debe ocurrir de manera inmediata para evitar más daños y costos para el país.
—La otra opción es que el Micitt ejecute a la brevedad la recuperación del espectro por medio de un rescate por interés público, tal y como está establecido en el inciso 2, inciso c, del artículo 22 de la Ley 8642.
“Debe existir una política pública clara y oportuna en materia de recuperación y puesta a disposición al mercado del espectro radioeléctrico”, dijo Federico Chacón, presidente de Sutel. “El anuncio del Micitt del inicio de estudios técnicos y jurídicos extenderá aun más la urgente necesidad de disponer de estas frecuencias y el país urge de inversión y desarrollo”.
Agregó que el artículo 22 de la Ley 8642 le permite al Micitt tomar decisiones para la revocación y extinción de las concesiones ante el no uso y uso ineficiente del espectro, que ha señalado Sutel desde el 2009 en múltiples informes técnicos.
En la Superintendencia recalcan que en los años 2019 y 2020 se le propuso al Micitt un calendario de asignación de espectro, que le habría permitido al sector de telecomunicaciones tener una ruta clara. “Sin embargo, el Micitt aun no se ha manifestado sobre este tema”, aseguró Chacón.
Juan Manuel Campos, de Ciber Regulación, advirtió que el mensaje del Micitt es que en esta Administración no se tomará ninguna decisión y le recaerá la responsabilidad a la próxima.
“La base de información ya se tiene y solo se debe dictar la resolución correspondiente basados en el interés público que señala la ley para rescatar las frecuencias”, dijo Campos. “El país se atrasará en el despliegue de redes 5 G sin duda alguna. En bienes demaniales que administra el Poder Ejecutivo debe cumplirse con lo preceptuado en el tratado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que señala que el espectro radioeléctrico es un bien escaso y que debe ser utilizado con los últimos adelantos de la técnica”.
Para la industria el Micitt debe tomar el control y el liderazgo, así como establecer las pautas de la devolución, con el apoyo del Presidente. El sector recalca que le sorprende que, después de 10 informes de Sutel en los últimos cuatro años y de más de dos años de gestiones para recuperar el espectro, Micitt espere aún una “propuesta de devolución de espectro” de parte del grupo ICE y el país siga igual que en 2019.
“Claramente no nos puede tomar dos años más de análisis, ni dos meses, ni dos semanas. Como país ya entramos perdiendo a esta maratón del 5G cuando ya hay países que están hablando de 6G”, advirtió Cruz.
Impacto país |
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Estimaciones del impacto del atraso en la implementación de 5G en Costa Rica: |
Pérdidas al 2024 por $1.134 millones (¢704.000 millones) según el informe de la empresa Blue Note Management Consulting 2020, que forma parte de los estudios y recomendaciones enviados por Sutel al Poder Ejecutivo. |
El beneficio económico de disponer de las frecuencias para 5G, tomando como base el año 2020 disminuye en un 10% el primer año, un 19% en el segundo, un 27% en el tercero y en el 2024 un 36%. El país dejaría de percibir $2.932 millones desde el presente 2021 hasta el 2024 al no contar con redes 5G desplegadas. |
Se requiere aproximadamente dos años, desde que se instruye el inicio del proceso de concurso hasta su refrendo por parte de la Contraloría General de la República. |
Para 2025 las redes 5G cubrirán un tercio de la población mundial, con un impacto profundo en la industria y en los consumidores: se estima que a nivel mundial el salto tecnológico contribuirá con $1,5 billones para el año 2025 (McKinsey) y $12,3 billones (IHS para el Banco Mundial) a la producción económica mundial para el 2035. |
Fuente: Sutel y Camtic |