EscucharLas posibilidades de cambios en materia de espectro radioeléctrico podrían concretarse más allá de la actualización de las normas de uso de frecuencias en cumplimiento con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que se acaban de realizar.
Las autoridades del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) recibieron a representantes de las cámaras sectoriales de telecomunicaciones y de radio y teledifusión para dialogar sobre el proceso que se sigue con respecto a las concesiones que vencen en el año 2024. Les tenían una noticia.
La reunión fue encabezada por la ministra Paula Bogantes y el viceministro de telecomunicaciones, Orlando Vega. También asistió el ministro de Comunicación y Enlace, Jorge Rodríguez.
El gobierno manifestó a los empresarios el deseo de fortalecer el sector de radiodifusión, los esfuerzos para procurar un entorno de seguridad jurídica, actualización y ordenamiento que abarque todas las frecuencias de radio y televisión.
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A principios de junio el Micitt había hecho público un nuevo Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) que actualiza y alinea su contenido con las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
Según Micitt se asegura que la reglamentación nacional cuente con los lineamientos técnicos suficientes y necesarios para brindar un marco de seguridad jurídica y técnica para la correcta operación de los servicios actuales y el despliegue de nuevas redes y servicios en el país.
El Ministerio destacó en ese momento que el nuevo PNAF cuenta con condiciones armonizadas del uso del espectro radioeléctrico en el país, con respecto a la región y a nivel mundial, de tal forma que el uso y explotación del espectro nacional se realice de manera óptima y eficiente.
Asimismo, se pretende lograr el beneficio de las economías de escala, en cumplimiento de los objetivos de ley y los principios rectores delimitados a través de la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642).
En el nuevo PNAF se aplican estándares y recomendaciones dictados por distintos organismos y reguladores de telecomunicaciones a nivel mundial, recalcó el Micitt.
Panorama complicado
En 2024 vence el plazo de 20 años otorgado en 2004 cuando se emitió un reglamento por parte del Ministerio de Gobernación (a cuyo cargo estaba la Oficina de Control de Radio) que así lo establecía. Con el plazo encima había una alternativa: que cada concesionario solicitara la prórroga del título habilitante.
La Superintendencia insistió en varias ocasiones ante el Micitt que le comunicará las condiciones y el procedimiento para recibir, procesar y aprobar o no las solicitudes de prórroga de las concesiones. Pero el Poder Ejecutivo tomó y comunicó otra decisión: concurso público.
En la reunión de la semana anterior estuvieron presentes las cámaras Naciónal de Radio y Televisión (Canartel), Nacional de Radio (Canara), de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), y de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic).
Las autoridades les informaron que el 9 de junio el Micitt, como rector del sector, solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) los estudios que analicen la necesidad y factibilidad de desarrollar un eventual procedimiento concursal para las frecuencias de radio y televisión que vencerán el próximo año.
El estudio —obligado por ley— es un insumo para valorar “las opciones que está considerando el Poder Ejecutivo”, de conformidad con el ordenamiento de las telecomunicaciones, les dijeron las autoridades a las cámaras y así lo hizo público el Micitt el pasado viernes.
En la reunión se acordó crear un grupo de trabajo integrado por las mismas organizaciones, el Micitt y la Sutel para ampliar el panorama, contar con los insumos y valorar la situación, sopesar también las inversiones realizadas para la transición a radio y televisión digital y ver la posibilidad de una extensión del plazo de las concesiones mientras se define el procedimiento de licitación.
Pese a las esperanzas de las Cámaras, el Micitt —sin embargo— hizo pública únicamente que solicitó el estudio para el eventual concurso.
La Superintendencia tiene un mes para cumplir el pedido del Micitt, pero es un plazo perentorio en el cual se puede pedir un aplazamiento. Varias serían las posibles razones para hacerlo.
El estudio debe elaborarse considerando una serie de insumos que le debe proporcionar el Micitt: frecuencias que serán objeto del estudio, si se optaría por una sola licitación y varias concesiones (como sucedió en los concursos de telefonía móvil anteriores y en el nuevo de 5G), ancho de banda y espacios entre concesiones.
“Se debe aclarar cómo va hacer”, dijo Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación y especialista legal en telecomunicaciones.
El estudio de factibilidad debe mostrar el panorama del interés de los posibles participantes en concesiones de frecuencias para radio y televisión abierta, el valor del megahertz, si puede ser por subasta o mixta (donde se verifica el cumplimiento de los requisitos y quien sí los cumpla pasa a la puja).
Está pendiente actualizar la legislación (lo que corresponde al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa) respecto a los montos que se cobran, vía canon, por las frecuencias.
Con la investigación de mercado se verían también los escenarios y las condiciones en que los posibles participantes tendrían interés en pujar por las frecuencias.
Aparte de la falta de claridad sobre qué ocurrirá, las perspectivas de la industria afectan las variables para la decisión que finalmente se adopte. Las concesiones, de acuerdo a la Ley Nº 8642, serían a 15 años máximo y con posibilidad de prórroga por 10 años más.
El problema es que actualmente el impacto del desplazamiento de la publicidad tradicional por la digital en redes sociales, la televisión por suscripción y el streaming (tanto para radio como para televisión) complica la rentabilidad para los concesionarios. Es un elemento a tener en cuenta a la hora de definir el costo por megahertz en el corto plazo y que podría alterar el modelo a largo plazo.
Una vez que tenga los resultados de la investigación de mercado, Sutel los debe enviar al Micitt para que el Poder Ejecutivo emita y envíe la instrucción y los lineamientos de la licitación, apruebe las adjudicaciones y las envíe a la Contraloría General de la República para el respectivo refrendo.
Otra situación a evaluar es la capacidad institucional existente para iniciar y desarrollar ese proceso cuando apenas se inicia el de 5G.
Edwin Estrada, especialista en telecomunicaciones, explicó que el concurso de 5G y una posible licitación de frecuencias para radio y televisión son procesos distintos y no se traslapan, pero en ambos intervienen los mismos actores.
“Hay que ver los recursos que tiene Sutel y el Micitt para atender ambos procesos”, indicó Estrada.
El Poder Ejecutivo deberá sopesar que, de acuerdo a la Sala Constitucional, el Estado debe velar de que no ocurra una interrupción de los servicios de radio y televisión en virtud de los derechos a la información y al acceso a servicios abiertos y gratuitos, la fecha de vencimiento de las concesiones de las frecuencias y lo que dura el proceso del estudio de mercado y de la licitación.
Con base en los concursos de espectro ya realizados, solamente el proceso de licitación tardía 18 meses. El problema para el Ejecutivo es que las concesiones se vencen a mediados del 2024, en 12 meses.
