EscucharLa industria de telecomunicaciones recibió como una “buena señal” la decisión anunciada este 8 de mayo por el presidente Rodrigo Chaves de ordenar que se disponga de las frecuencias para redes móviles de quinta generación (5G), que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene retenidas y sin usar.
La instrucción de Chaves se dirigió tanto al presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, como al ministro de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Carlos Enrique Alvarado.
“El presidente ejecutivo del ICE y el ministro del Micitt tienen una orden directa de que a más tardar en seis meses la tecnología celular de 5G, las frecuencias, estén en manos del Estado o, que es lo mismo, estén disponibles para que el país tenga acceso a la tecnología celular de 5G”, dijo Chaves, cuando anunció y firmó los primeros decretos e instrucciones de su Administración.
Los especialistas y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) advirtieron, sin embargo, que esperan la publicación de la directriz para determinar los alcances. “Hay que ver el documento”, dijo Edwin Estrada, ex viceministro de telecomunicaciones.
“Queremos ver el alcance. Tenemos más de dos años insistiendo en la necesidad de tener las frecuencias”, señaló Mario Montero, presidente de Infocom.
La Cámara de Tecnología de Información y Comunicación (Camtic) también resaltó que la orden sería una buena señal. “Refleja la visión y voluntad del presidente, sobretodo en este tema tan importante y de gran impacto para el país. Tomando en cuenta que el anuncio lo hizo el día del traspaso, se infiere que el presidente tiene claro la importancia y la urgencia de avanzar en estos temas”, resaltó Elizabeth Arroyave, vicepresidenta de Camtic.
El ICE, por su parte, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la instrucción. Anteriormente los nuevos jerarcas de Micitt y del ICE fueron herméticos sobre cómo se procedería para aprovechar las frecuencias 5G en manos del Instituto.
Frecuencias sin uso
Las frecuencias son propiedad del Estado y su administración está a cargo del Micitt al tiempo que a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) le corresponde la verificación técnica de su uso, así como el cobro y gestión del canon, entre otras tareas. Los recursos generados por subastas de espectro son dirigidos al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para fondear proyectos de reducción de la brecha digital.
Desde antes de la reforma al mercado de telecomunicaciones en 2018, iniciada a partir del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, el Grupo ICE —a través de su subsidiaria Radiográfica Costarricense S.A.— mantiene la concesión de frecuencias de 26 GHz y 3.5 GHz, las cuales son consideradas necesarias por la industria para el despliegue de 5G.
En aquel entonces, el ICE o Racsa solamente procedían a comunicar a la antigua oficina de Radio, del Ministerio de Gobernación, las frecuencias que utilizarían para que esa dependencia les otorgara el título habilitante, sin que mediara ningún procedimiento o concurso.
Racsa incluso tuvo que devolver frecuencias por los cánones que tuvo que empezar a pagar en la anterior década y que no estaba utilizando, pero no cedió las bandas previstas para sistemas de telecomunicaciones móviles internacionales (IMT, por sus siglas en inglés), donde se incluye 5G.
Varios informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirman que las frecuencias en posesión de Racsa y Grupo ICE no se están usando, lo que contraviene la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642). Los informes advierten, además, de una alta concentración de frecuencias en manos del Grupo ICE, lo que generaría un desequilibrio en el mercado.
Aparte de cumplir con la Ley 8642, que establece la finalización de la concesión si las frecuencias no se utilizan o si se emplean para otros fines diferentes a los establecidos en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, también se debe cumplir el Convenio con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica como Ley Nº 8100).
Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación, explicó que el convenio establece la necesidad de “limitar las frecuencias y el espectro”, de forma que se garantice el mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios.
En marzo anterior, la Administración Alvarado, después de un proceso de investigación que tardó seis meses, decidió iniciar un procedimiento administrativo contra Racsa para determinar posibles incumplimientos en el uso de las frecuencias indispensables para 5G.
Tanto Sutel como Infocom y Camtic han advertido que el atraso en la disponibilidad de las redes 5G provoca pérdidas económicas y de oportunidades de mercado tanto para el país, en competitividad de empresas locales y atracción de inversiones, como para las firmas tecnológicas para el desarrollo de servicios y soluciones basadas en esta tecnología.
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Voluntad política
Para la industria el anuncio de la orden muestra que el Poder Ejecutivo tiene “decisión, liderazgo y voluntad política” para tomar decisiones que se postergaron mucho tiempo.
“No se justifica que un operador tenga una concentración nivel de espectro, porque uno de los pilares es que exista un equilibrio para todos los participantes”, dijo Montero.
De forma complementaria se debe avanzar, agregó Montero, en la solución de los problemas de coordinación, permisos y tramitología para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
Infocom advirtió que un probable concurso de las frecuencias no debe verse con fines recaudatorios, porque se podría afectar la rentabilidad y viabilidad de la implementación de la red 5G.
La industria espera, además, que el proceso ahora sea expedito y no se judicialice, pues se podría tardar años en poder disponer de esta tecnología.
La información brindada por el gobierno, sin embargo, fue confusa. Surgió la duda de si Chaves estaría dando luz verde al ICE para que implemente su red.
Desde hace años se plantea que el Instituto podría desplegar una sola red 5G y que otros operadores brinden servicios minoristas. La idea fue rechazada en su momento por otros operadores.
La devolución de espectro no significa que el ICE se quede sin frecuencias para su propia red 5G. Para las redes 5G se debe contar con frecuencias en bandas de diferente nivel (bajas como las de 700 MHz, medias de 3.5 GHz y altas de 26 GHz), debido a los distintos alcances de señal que debe brindar la red. El ICE dispondría de frecuencias en esos niveles del espectro radioeléctrico.
“La orden del Presidente Chaves es un golpe de timón que se estaba esperando”, destacó Campos, de Ciber Regulación. “Es un mensaje potente. Tiene un simbolismo enorme de que hay una orden, hay un mandato y alguien que manda. Termina el mensaje endeble de la administración anterior e indica a su ministro del Micitt y al Presidente Ejecutivo del ICE de que deben ponerse de acuerdo”.
Lo que sigue
Para que el país pueda tener servicios 5G se tardaría unos 36 meses, si no hay ningún inconveniente: alguna medida cautelar interpuesta por el mismo ICE, que judicializaría el proceso, o apelaciones a la adjudicación de una posible licitación.
El primer paso, en el escenario de que Chaves ordenó que el ICE devolviera voluntariamente las frecuencias, sería un acuerdo mutuo que cumpla varias condiciones (partes legitimadas y voluntad expresa y no viciada, por ejemplo) y que se consigne en un documento que deben firmar las partes.
De inmediato el Poder Ejecutivo deberá emitir un acuerdo ejecutivo donde se ponen las frecuencias a disposición del Estado, se realiza el registro de que las frecuencias ya no están en manos de Racsa y el Ejecutivo envía la instrucción a la Sutel para que realice el concurso. En esa instrucción se indican los parámetros del concurso, siguiendo la Ley de Contratación Pública (N° 9986) y la cual brinda varias posibilidades de procedimientos.
En los dos concursos de frecuencias móviles realizados anteriormente, que duraron 18 meses cada uno, el procedimiento fue de subasta. El primero se realizó en 2011 con la concesión de frecuencias a Movistar (actualmente Liberty Latin America) y Claro por $195 millones, mientras que el segundo fue en 2017 por $43 millones, también para ambas firmas.
Recibida la instrucción, la Superintendencia diseña el cartel de la licitación, recibe las propuestas, realiza la subasta y emite una recomendación de adjudicación al Poder Ejecutivo, que tiene las opciones de acogerla o separarse de ella con el alegato del interés público.
Puede darse el caso de apelaciones a la adjudicación, uno de los posibles inconvenientes, pero una vez superado esta etapa se suscriben los contratos y se envía a la Contraloría General de la República para el respectivo refrendo, para luego realizar el despliegue de las redes por parte de los operadores o el operador adjudicado.
Estrada estima que, sin judicialización de la devolución de las frecuencias y sin apelaciones al concurso, los servicios de 5G estarían disponibles comercialmente en tres años, considerando el plazo otorgado por Chaves al ICE y al Micitt.
Los escenarios podrán aclararse una vez que el gobierno publique la instrucción.
“Ahora no hay certeza porque no se ha publicado la directriz”, reiteró Estrada. “La señal es buena. Indica que hay que entrarle al tema. Al tomar la decisión desde el primer día, se puede inferir que el Presidente tiene clara la necesidad. Además, le brinda al Ministro un empoderamiento y un músculo político para que pueda hacer las cosas”.
