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En los próximos días la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), encabezados por su nuevo presidente Mario Montero, se reunirá con la rectoría del sector.
Irán al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) con varias preocupaciones, pues el gremio considera que no hay claridad, hoja de ruta o política pública para responder a los problemas y necesidades de Costa Rica en el área, así como por el atraso para las redes de quinta generación (5G).
“Llevaremos una agenda muy concreta para plantearle a las autoridades dónde creemos que se debería estar trabajando”, dijo Montero.
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Infocom considera que existe una oportunidad para que que el Micitt y la industria se enfoquen en “los problemas reales” y no se distraigan por las intenciones de usar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en proyectos —como bono de conectividad y alfabetización— que consideran, junto con la Contraloría General de la República, como innecesarios.
Montero es presidente de Infocom desde el pasado 18 de febrero. Es gerente general de Redcomsa, que brinda servicios de integración tecnológica, servicios administrados y seguridad informática. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones y startups.
¿Cuáles cambios considera son necesarios impulsar en Infocom?
La Cámara viene en una buena ruta. Nuestra mayor preocupación es que vemos que las autoridades responsables, en este caso la rectoría, no tiene política pública ni una ruta clara para el desarrollo de las telecomunicaciones.
Si la tuviera, no estaríamos enfrascados en una discusión de cuáles proyectos de ley se requieren. Ninguno es necesario. Generan amenazas importantes contra el espíritu, la composición y los compromisos de Fonatel, además de duplicidades y traslape de competencias.
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Las mesas de diálogo que habían antes de la pandemia para actualizar las metas del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) se suspendieron cuando el Ejecutivo vino con el proyecto “Pagar” para desviar recursos de Fonatel y financiar deuda pública.
Después vienen los otros proyectos. Pero para dar herramientas a los estudiantes ya se tienen los instrumentos.
El interés de Infocom es que los actores responsables de generar la política pública lo hagan correctamente en tiempo y forma, se coordinen entre las instituciones y que la industria pueda desplegar torres, fibra óptica y toda la infraestructura que se necesita.
Nos interesa que las reglas estén claras, que el ambiente sea habilitador para adoptar nuevas tecnologías y que exista seguridad jurídica para el que decida invertir.
Usted se me adelantó a la pregunta que le tenía sobre la percepción de la rectoría, pero también quería consultarle sobre el regulador.
Costa Rica fue uno de los últimos países que abrió su mercado de telecomunicaciones. Fue un acierto separar las competencias de la rectoría y del regulador, así como blindar Fonatel para evitar que se usara con otros propósitos.
Al principio la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) empezó lenta y costó mucho poner Fonatel en práctica. Ahora han hecho un esfuerzo.
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Hemos sido muy críticos de algunos temas de Sutel, especialmente algunos presupuestos. Sentimos una mejoría en la ejecución. Muestra de esto es que la rectoría anuncia una actualización de metas del PNDT el pasado 26 de febrero y una semana después Sutel publica el Programa 5 de la Red del Bicentenario.
Con la rectoría, desgraciadamente en este momento y en nuestra historia, es la relación más distante, absolutamente nula, desde el proyecto “Pagar” y las otras iniciativas orquestadas por el Ejecutivo para hacerse de los recursos de Fonatel.
Desconocemos los planes, la hoja de ruta. Hemos estado enfrascados en una discusión de pros y contras, amenazas, inconvenientes y ventajas de proyectos de ley que son absolutamente innecesarios.
¿Ustedes sienten algún sesgo contra los operadores privados de telecomunicaciones?
No tengo los elementos de juicio para decir que hay un sesgo. Sí nos extraña algunas manifestaciones sobre los operadores de diputados que promueven los proyectos que parecen alineados con el gobierno.
Los operadores tienen un compromiso con el desarrollo del país. Pero, ¿cómo podemos desarrollar infraestructura si todavía, después de 12 años de que se abrió este mercado, hay alrededor de nueve municipalidades que no tienen un reglamento de infraestructura de telecomunicaciones? Y son los cantones donde justamente se reclama que no hay infraestructura y que dejamos poblaciones vulnerables sin el acceso.
¿Cómo hablamos de nómadas digitales si detrás de eso no hay una política pública y una hoja de ruta como país para dotar las condiciones necesarias?
Sí hay falta de claridad en la definición de la política pública, cuyo responsable es el Micitt y el Ejecutivo. Se debió hacer, en un ejercicio con el regulador y con los participantes en el mercado, hace mucho tiempo.
¿Cómo ven la conducción de este proceso hacia 5G?
Lento. Tarde. No están desarrollándose las condiciones. 5G pasa por varios ejes y no es un tema exclusivo de operadores móviles. Hablamos de redes fijas y móviles. Es un ecosistema donde todo debe funcionar bajo reglas muy claras. No vemos un proceso integral que considere el espectro que se necesita para el despliegue de 5G.
Las empresas en este momento tienen pocos elementos de juicio y poca certeza jurídica para hacer planes y comprometer inversiones. Deberíamos tener mesas de trabajo donde salgan compromisos y cronogramas claros.
¿Es falta de claridad o de visión y modelos?
Hay un poco de todo. Hay falta de claridad absoluta, voluntades y reconocimiento del rol, importancia y transversalidad de las telecomunicaciones.
Hemos insistido por años en que se debería tener un Ministro de Telecomunicaciones, una alta autoridad, un CEO o como se quiera nombrar. Debe haber una persona responsable de las telecomunicaciones. Ha faltado que estos gobiernos últimos, que hemos tenido, tengan a las telecomunicaciones como un pilar de desarrollo.
Hay un claro mensaje del Presidente de la República sobre alfabetización digital y que hay que trasladar más fondos al Ministerio de Educación Pública (MEP). Estamos de acuerdo que Fonatel sirva para ese propósito. Pero debe saberse qué falta, en cuáles áreas, y que el Micitt le dé una instrucción actualizada a Fonatel. Pero hay dos carteras definiendo política pública de telecomunicaciones y una de ellas no tiene las competencias.
Es un asunto de voluntades y actualizar metas. Si esas metas se hubieran actualizado en julio o en agosto del año anterior, al menos, estaríamos cubriendo mucho más.
