EscucharLas autoridades de telecomunicaciones anunciaron la semana anterior que ya está en consulta pública el borrador del pliego de condiciones para el concurso de espectro radioeléctrico para servicios de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) y, específicamente, para las redes de quinta generación (5G) en Costa Rica.
Los operadores Claro, Liberty y Tigo (Millicom) y las cámaras de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) y de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) evalúan el llamado pre-cartel para realizar las observaciones a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), según lo exige la actual etapa de consulta pública.
“Efectivamente, ya revisamos el pre-cartel para el concurso de frecuencias”, dijo Andrés Oviedo Guzmán, gerente de asuntos regulatorios e interconexión de Claro Costa Rica. “Vamos a ejecutar un análisis más profundo y detallado para preparar el caso de negocio respectivo que requiere una inversión tan relevante como la que se solicita en la licitación. Como hemos mencionado, estamos en Costa Rica para quedarnos y contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones en el país”.
“Nos encontramos en ese proceso”, afirmó Jose Pablo Rivera, director de comunicaciones de Liberty. “Emitiremos nuestros comentarios al Regulador, en tiempo y forma. Para Liberty Latin America, Costa Rica es una operación muy relevante. Tenemos todo el ánimo de participar. Por ahora, estamos aún en la fase de análisis, esa que nos arrojará si las condiciones planteadas en este pliego son las adecuadas”.
Tigo, que brinda servicios de televisión por suscripción e Internet fijo en Costa Rica, resaltó el impacto positivo de este tipo de procesos para la industria. No indicó, empero, si está en disposición de participar en el concurso ni sus observaciones al pre-cartel. “En estos momentos, nos encontramos analizando el pre-cartel”, respondió Roxana Sánchez, directora de asuntos corporativos y legales de Tigo Costa Rica.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por su parte, cuestionó públicamente la semana anterior que se le excluya del concurso para adquirir frecuencias. El cuestionamiento lo hace pese a que implementa su propia red de 5G, anunció servicios comerciales para empresas a finales de este 2023 y para usuarios en 2024, y se resiste a realizar la devolución de las frecuencias que tiene en concesión, no utiliza y son solicitadas por la industria y Sutel para 5G.
Camtic e Infocom se mostraron optimistas y confiados en que el proceso fluirá con normalidad para que las concesiones estén otorgadas en el menor tiempo posible. También destacaron la señal positiva, en términos de seguridad jurídica, que se emite al mercado y a los operadores para obtener las concesiones de espectro imprescindibles para desarrollar una oferta integral de servicios de tecnología de 5G en un plazo predecible.
Adolfo Cruz Luthmer y Edwin Estrada, miembros del Capítulo de IoT y 5G y directivos de Camtic, instaron al Poder Ejecutivo para que, a través de la política pública, se establezca un plan de creación de habilidades digitales para todos los habitantes y para todas las industrias, con el fin de aprovechar al máximo el potencial de esta nueva tecnología mediante la demanda, contenido especializado y soluciones avanzadas.
Otra solicitud al Ejecutivo y, en particular, al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) es “trabajar” en las lecciones aprendidas de todo este proceso “tortuoso que ha sufrido 5G en nuestro país”, para que se eviten los yerros cometidos desde el 2019 de cara a las nuevas generaciones de tecnologías móviles, como 6G, “que ya están a la vuelta de la esquina”.
La industria considera fundamental avanzar en el proceso de 5G cuando se cumplen 15 años desde la promulgación de las leyes General de Telecomunicaciones (Nº 8642) y de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N° 8660).
Los pro
En términos generales, cámaras y operadores observan los siguientes aspectos relevantes en el pre-cartel:
1. Fase previa: se establece una fase previa donde se comprueba la capacidad técnica y económica. “Esto es positivo porque se garantiza la experiencia de los posibles adjudicatarios y la capacidad económica para invertir en el despliegue de las redes de telecomunicaciones, que se sabe que tienen un alto costo”, subrayó Camtic.
2. Acceso a espectro: se establece la posibilidad de obtener frecuencias para brindar servicios a nivel nacional y regional, lo cual es también positivo en vista de que es una manera de distribuir el espectro de manera equitativa y no discriminatoria, tal y como lo establece la ley. Además, da la posibilidad de aprovechar la capacidad y el posicionamiento que tienen empresas locales. Al respecto, a Claro le llama la atención la fragmentación del espectro que se realiza con la disposición de 58 bloques específicos para realizar la subasta.
3. Infraestructura: se establecen condiciones diferenciadas de despliegue de infraestructura, según la banda de frecuencia, considerando las características técnicas de cada una de las bandas. Llama la atención la forma mediante la cual el Estado tiene como objetivo llevar conectividad móvil a todo el país, invitando a los oferentes interesados a establecer en sus ofertas una cantidad mínima de infraestructura de acceso por desplegar.
“En este rubro preocupan los plazos mínimos para el despliegue establecidos por el pre-cartel, y no por la capacidad de despliegue de los operadores, sino más bien porque el mismo Estado, por medio de sus propias instituciones siga imponiendo barreras como lo ha hecho hasta ahora”, advirtió Camtic.
La industria recalca en la necesidad de emitir y publicar los reglamentos producto de la Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica (N° 10.216), así como la necesidad de la oportuna gestión de los permisos por parte de las instituciones participantes, en particular las municipalidades.
4. Incentiva competencia: las cámaras indica que se establece mecanismos para evitar la concentración de espectro que afecte el mercado, lo que refuerza el deber legal, tal y como la Contraloría General de la República indicó desde el 2012, y cumple con la obligación de la distribución de manera equitativa y no discriminatoria del espectro.
5. Inversión: en principio el proceso no tiene fines recaudatorios, lo que incentiva la inversión en infraestructura por parte de los operadores y no limita el acceso a la tecnología. Para las cámaras esta condición es positiva si se promueve la inversión en infraestructura, sin encarecer excesivamente los costos, permitiendo a los operadores desplegar infraestructura.
También se valora la posibilidad de llevar conectividad por medio de obligaciones directas establecidas en el respectivo contrato, sin necesidad de pasar por los procedimientos concursales que deben llevarse a cabo para ejecutar los recursos a través del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). “El valor de contar con ella es más valioso que lo que podamos recaudar en un corto plazo”, subrayó Camtic.
6. Calidad: se establecen condiciones mínimas de calidad de los servicios que se brinden.
Los peros
1. La no disponibilidad de frecuencias de 2.600 MHz: la Industria espera que el Micitt, como rector del sector, le dé prioridad a los procedimientos administrativos vigentes y cualquier acción adicional necesaria para garantizar la recuperación de espectro subutilizado por el ICE y necesario para el despliegue de servicios de 5G.
Las cámaras reiteran que la disponibilidad de frecuencias es imperiosa para garantizar que Costa Rica no se quede rezagado en la oportuna adopción de tecnologías emergentes, generar un clima positivo para la inversión local y extranjera, procurar el uso ineficiente del espectro y garantizar la competencia.
“Hay elementos convenientes para reducir las asimetrías imperantes en materia de espectro, aunque seguimos creyendo que no es óptimo para un mercado en competencia que haya un operador que concentra la totalidad de una banda tan amplia, como la 2.600 MHz”, señaló Rivera, de Liberty.
2. Se generan dos “realidades”: Por un lado, para los operadores que obtengan frecuencias para 5G que quedan sujetos a obligaciones cartelarias (cobertura, calidad y tiempos) y el pago por el espectro en función del precio base por bloque “que aún no se ha revelado”.
Por el otro, el operador incumbente (el ICE), que no tiene ningún requerimiento, cuenta con espectro y puede desplegar sus redes sin ningún tipo de condiciones en cuanto al cómo, los plazos o pago por la obtención del título habilitante (con excepción del canon anual de frecuencias que pagan todos los concesionarios).
Los operadores señalan que están cuantificando las condiciones, así como el peso de la asimetría de estas obligaciones frente a quien no tendría que incurrir en ellas, más allá del peso del precio en la puja de la subasta, pues se requiere asegurar las mejores condiciones de conectividad para que resulte sostenible en el tiempo.
