Varias entidades públicas y privadas anunciaron este 29 de julio la creación de la llamada Comisión Interinstitucional para enfrentar los Fraudes Electrónicos y Amenazas de Ciberseguridad.
“El creciente aumento de los fraudes electrónicos y amenazas de ciberseguridad que enfrentamos, exigen hacer un frente común del sistema financiero, las autoridades policiales y judiciales y la población, para estar alertas y mejor preparados para combatir juntos a esta ciberdelincuencia”, comentó Bernardo Alfaro, presidente de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras.
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La Comisión está integrada, además, por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Según las entidades se trata de una comisión “permanente y de alto nivel” para enfrentar los problemas relacionados con ciberseguridad y fraudes electrónicos.
De acuerdo con Walter Espinoza, director del OIJ, se reciben más de 1.000 denuncias por mes de fraudes electrónicos.
¿Qué hará?
—El objetivo es unir esfuerzos para abordar la problemática de fraudes electrónicos con una visión integral, buscar mejores soluciones e impulsar acciones interinstitucionales coordinadas para hacer un frente común de cara a la ciberdelincuencia. A esta comisión podrían unirse además otras entidades que deseen colaborar en este esfuerzo interinstitucional.
—Abordar la problemática y acciones de cada institución respecto al fraude electrónico, a efecto de unir esfuerzos en la búsqueda de las mejores soluciones y los espacios de mejora desde cada una de nuestras competencias y en conjunto, que disuadan y desestimulen este tipo de redes delictivas en el país.
—Impulsar acciones complementarias que permitan plantear un frente común de cara a la ciberdelincuencia, diseñar mejores soluciones a futuro y pasar de acciones reactivas a acciones proactivas que disuadan a los ciberdelincuentes.
—Crear una cultura de prevención y reducción de la incidencia de los fraudes electrónicos y amenazas de ciberseguridad.
—Alcanzar nuevos y mejores acuerdos institucionales respecto a los procedimientos y herramientas utilizadas frente al cibercrimen y garantizar una adecuada protección de los recursos de los clientes y de las propias entidades financieras, así como fortalecer la cultura y educación de la población en temas de ciberseguridad.
—Estudiar a lo interno y a lo externo de Costa Rica el fenómeno del cibercrimen para entender sus consecuencias para las distintas competencias de las organizaciones que representamos e identificar las acciones eficaces implementadas en otros países, así como determinar vías acción para atacarlo y prevenirlo a futuro.
—Analizar las reformas legales puntuales y eficaces que se necesiten.