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En lugar de agilizar la atención de las necesidades en conectividad y formación digital en centros educativos, lo que la Contraloría General de la República llamó “controversias” estarían creando complejos laberintos a las mismas iniciativas que impulsa la administración Alvarado en esas materias.
Las autoridades alegan que tratan de resolver problemas que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) debió atender hace años, tanto en el caso del proyecto de la Red Educativa del Bicentenario, para dar banda ancha a más de 4.500 escuelas y colegios, como en el proyecto de ley de alfabetización digital (expediente legislativo N° 22.206), impulsado por la diputada Yorleny León con el respaldo de la Administración Alvarado.
En el caso de ese proyecto de ley, la Contraloría apuntó que la Ley General de Telecomunicaciones (N° 8642) establece la estructura para cumplir los objetivos planteados, que lo que se requiere es fortalecer el modelo y que la capacidad de ejecución de Fonatel —a cargo de Sutel— mejoró en los últimos años.
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La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, explicó el pasado 10 de marzo —a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa que analiza el proyecto de León— que el problema actual es la falta de “coordinación” para hacer los cambios en el Programa Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones (PNDT), tarea a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Además de los problemas para los permisos de obras de infraestructura de telecomunicaciones, las dificultades existentes también se deben a las “controversias” sobre las competencias de la rectoría y la formulación y administración de los proyectos.
Primer caso
Una evaluación muy similar se podría plantear en el caso de la Red del Bicentenario.
Antes de 2018 el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) elaboraron una propuesta técnica y un convenio para conectar centros educativos.
Se necesitaba que el Micitt ajustara el PNDT para financiar el proyecto con recursos de Fonatel.
El MEP decidió esperar, sin embargo, pues el entonces presidente electo Carlos Alvarado manifestó su intención de realizar la red con la Fundación Omar Dengo (FOD).
En mayo de 2018, de hecho, para cumplir el “mandato expreso” del Presidente de crear la red —según el documento remitido por el MEP a EF— las nuevas autoridades establecieron un equipo de trabajo con Micitt, FOD y “actores del sector privado”, pero sin Sutel.
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Ese equipo inició un proceso en el cual una empresa contratada por la FOD (mediante licitación) elaboró el diseño técnico. El diseño fue entregado a Sutel en octubre de 2019, dado que “la principal alternativa para ejecutar el proyecto era el aprovechamiento de Fonatel”.
Mientras Sutel analizaba el estudio, en diciembre de 2019 el MEP oficialmente encarga el desarrollo del proyecto de la red a la FOD. El Ministerio de Educación dice que algunas de las consultas de Sutel, sobre el diseño técnico que se le envió, “parecieran indicar que Fonatel no estaría en la capacidad de atender el proyecto en su totalidad”.
Se cumplían casi dos años después de haber estado a punto de empezar el proyecto con recursos de Fonatel. De hecho, en febrero de 2020, la Contraloría emplazó al Micitt para introducir el cambio en el PNDT y que se iniciara la red con financiamiento de ese Fondo. La respuesta del Micitt fue pedir la primera de tres prórroga (junio, octubre y noviembre de 2020).
Con la Superintendencia continuaron las reuniones, se le plantearon dudas sobre los costos y las propuestas que presentó (según MEP no abarcaban sus requerimientos) y, ya en la pandemia, solicitudes de urgencia para conectar centros educativos (aunque no había clases presenciales).
A finales de 2020 la FOD inicia la licitación para conectar casi la mitad de los centros educativos, pero la adjudicación al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue anulada recientemente por la Contraloría porque no se especificaron algunos costos en la oferta del operador adjudicado. El ICE rechazó la resolución de la Contraloría.
El nuevo concurso fue anunciado este 21 de marzo. “Se espera iniciar con la implementación del proyecto a inicios del segundo semestre del 2021, a un ritmo de 200 centros educativos por mes”, dijo Leda Muñoz, directora ejecutiva de la FOD.
Micitt finalmente realizó la modificación del PNDT hasta el pasado 26 de febrero de 2021 para que Fonatel conecte a la otra mitad. Se empieza con 600 centros educativos, para lo cual se amplían contratos con operadores y se aprovechan 2.500 kilómetros de fibra óptica ya desplegados con el programa Espacios Públicos Conectados de Fonatel, el cual ya conecta a 513 parques y plazas en el país.
“Estamos trabajando para construir un cronograma detallado para la atención de los 1.859 centros educativos restantes, tomando en cuenta que la mayoría están en zonas de difícil acceso y alejadas”, dijo Federico Chacón, presidente del Consejo de Sutel.
Segundo caso
Las mismas “controversias” provocan que en lugar de aprovechar la legislación, la estructura y la experiencia existentes, y enfocarse en mejorarlas, se impulse un proyecto de ley de alfabetización que la industria y la Contraloría insisten que es innecesario.
La primera versión del proyecto de ley pretendía trasladar recursos de Fonatel directamente a la FOD. Como no es posible, la segunda versión se afinó más, para evitar problemas constitucionales y trasladar recursos de Fonatel a la FOD a través del Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie) del MEP.
La Contraloría considera que el proyecto de ley genera una estructura operativa “más compleja”, que le falta claridad del costo de oportunidad y de su impacto, y reitera que ya existe legislación para cubrir la necesidad planteada. La contraparte aduce problemas de entendimiento.
“Respeto la posición de la Contraloría, pero no la comparto”, respondió León. “Estamos visualizando de formas muy diferentes las urgentes necesidades que tiene el país, las obvias falencias del modelo para que, justamente, se puedan atender estas necesidades con la celeridad que se requiere”.
Paola Vega, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, coincide con León en que se requiere integrar la alfabetización digital al modelo y plantea además que el proyecto fortalece la rectoría del Micitt, que “ha propiciado un extenso diálogo y análisis conjunto con MEP y Sutel”, y que falta comprensión.
“Fue evidente que muchos de los actores que han comparecido para referirse al proyecto aún no tienen claro el concepto y alcance de alfabetización digital”, reiteró Vega.
Sutel y la Cámara de Infocomunicación (Infocom) comparten el criterio de la Contraloría. La industria llamó la atención sobre el desacierto de la decisión de impulsar la iniciativa del Poder Ejecutivo y, en concreto, del Micitt como rector del sector.
“Es irresponsable seguir con el desgaste que genera este proyecto. Lo urgente es procurar soluciones. Lo que toca es actualizar las metas vía política pública a través del Micitt y ejecutarlas para procurar la alfabetización digital. Es claro que no se requiere una nueva ley para eso”, sostuvo Mario Montero, presidente de Infocom.
