Para brindar Internet WiMax, un proyecto fracasado de $20 millones de inversión, Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa) aprovechaba una concesión de 1997 en la banda de espectro radioeléctrico de 3.500 MHz y cuyo título habilitante fue readecuado a finales de 2009 para que la usara prácticamente por tiempo indefinido.

La Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (No. 8660) le permitía conservar la concesión por el plazo social de la entidad, que según esa misma ley quedaba en 99 años a partir de agosto de 2008, pese a que —según advirtió el mismo decreto ejecutivo de la readecuación— la Constitución Política establece que la explotación del espectro por parte de sujetos privados y públicos es por tiempo limitado.

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El decreto recordó a Racsa que debía cumplir con las condiciones señaladas en la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642), que establece que el título habilitante se extingue si no se usan las frecuencias, si hay un uso ineficiente o por inclumplimiento de las obligaciones.

Esas son las mismas frecuencias en las que, según 10 informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) desde 2017, hay segmentos que no se usan o se usan ineficientemente. Idéntica es la situación de la banda de 2.500 MHz, cuyo título habilitante lo tiene el Instituto Costarricense de Telecomunicaciones (ICE).

Los informes reiteran que ambas bandas son claves para 5G y recomiendan la recuperación de los segmentos con uso ineficiente, tarea que corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). En el órgano rector conocen la situación.

“Respecto al fondo o los alcances de las recomendaciones emitidas por la Superintendencia en los informes técnicos que regularmente realiza, se debe indicar que por ser actos preparatorios de las decisiones administrativas que debe adoptar el Poder Ejecutivo, nos vemos imposibilitados a referirnos sobre el detalle, dado que podría ser considerado como un adelanto de criterio de la administración”, respondió Teodoro Willink, viceministro de Telecomunicaciones.

Llamado reiterado

La rectoría de telecomunicaciones se constituyó con la misión de ordenar las concesiones. La Procuraduría y la Contraloría General de la República lo recordaron en 2011 y 2012, lo que incluía “considerar de manera prioritaria” la recuperación de las frecuencias para servicios de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT, por sus siglas en inglés), comercialmente conocidos como 5G.

Para cumplir esa misión, Sutel envía a Micitt informes anuales basados en su Sistema Nacional de Gestión y Monitoreo de Espectro, que detecta el uso de las bandas. En 2017 y 2018 envió los respectivos reportes. Luego, fue más allá.

Ante la urgencia de avanzar a 5G y dada la duración de los concursos móviles, casi año y medio, Sutel remitió tres reportes en 2019 (incluyendo una propuesta de cronograma) y cuatro más en 2020. En enero anterior entregó los resultados de la consulta pública, solicitada por el mismo Micitt para determinar el interés en un “eventual” concurso de 5G.

Los informes técnicos establecen que hay una concentración de frecuencias a favor del Grupo ICE, que las bandas 2600 MHz y 3500 MHz se usan ineficientemente, que el Poder Ejecutivo debe valorar “lo antes posible” su recuperación y analiza los efectos negativos del atraso para el país.

El viceministro de Telecomunicaciones admitió que el marco regulatorio prevé la recuperación de las frecuencias por un eventual incumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y el procedimiento: recomendación fundamentada por parte de Sutel y valoración del Poder Ejecutivo de “si se amerita” un proceso ordinario sancionador”.

La recuperación de frecuencias puede realizarse por acuerdo mutuo, el rescate por interés público, la extinción por el vencimiento del plazo, la revocación ante incumplimiento contractual (siguiendo el debido proceso) y lesividad o nulidad del acto de concesión.

Willink insistió que no puede adelantar criterio sobre el caso de las frecuencias de 2.600 y 3.500 MHz, pese a que en julio de 2019 el ICE y Micitt —entonces encabezado por Luis Adrián Salazar como ministro y Edwin Estrada como viceministro de telecomunicaciones— iniciaron un proceso para suscribir un mutuo acuerdo de devolución de varios segmentos, desde 450 MHz a la banda C (hasta 3.700 MHz).

“La decisión se tomó con base en los principios de conveniencia y oportunidad, en virtud de que sería más rápido”, justificó Estrada.

Entre tanto el ICE y Racsa, junto con dos empresas más, formaron un consorcio que ganó una licitación del Consejo de Seguridad Vial para una red de videocámaras, para la cual se utilizan frecuencias de 3.500 MHz y tecnología 4G.

El ICE sostiene, por su parte, que utiliza las frecuencias servicios móviles, de Internet, de redes virtuales privadas (VPN) y de voz inalámbricos fijos para residencias y empresas.

Deber de cumplir

Sutel recalca que las frecuencias, especialmente de 3.500 MHz, son claves para 5G y van de acuerdo con las tendencias mundiales, lo que no puede obviarse.

“Costa Rica no puede desplegar 5G en bandas de frecuencias que otros países no han adoptado, especialmente sus principales socios comerciales”, advirtió Andrés Oviedo, gerente de regulación e interconexión de Claro Costa Rica.

Telefónica insiste que la concentración de frecuencias a favor del ICE afecta al mercado.

Aunque el operador español está en un proceso para ceder sus activos locales a Liberty Latin America, la firma mantiene las obligaciones de los contratos desde 2011 y que se extienden hasta 2033.

José Pablo Rivera, gerente de regulación, relaciones institucionales y comunicación de Telefónica de Costa Rica, explicó que eso implica mantener los servicios y asegurar que las condiciones futuras sean competitivas.

“Es posible que los funcionarios incurran en responsabilidad si no realizan todas las gestiones necesarias para garantizar el uso eficiente de las frecuencias, incluyendo la recuperación de segmentos de espectro que no se utilizan en forma eficiente”, respondió Elías Soley, socio de Soley, Saborío & Asociados.

Las autoridades, al estar sujetas al principio de legalidad, realizan lo permitido por el ordenamiento jurídico pero no pueden evadir sus deberes, en cuyo caso son sancionados según el Código Penal (N° 4573) y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Nº 8422), entre otros.

“El Poder Ejecutivo no puede incumplir la ley”, reiteró Juan Manuel Campos, director general de Ciber Regulación.