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Imagínese no portar en su bolsillo la cédula de identidad porque al presentarse ante una entidad del Estado y colocar sus huellas dactilares o rostro en un lector, ya puede ser reconocido y recibir el servicio que necesita.
Este es el paso que desea dar el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): ofrecer un servicio de identidad digital para todos los ciudadanos costarricenses.
Emitir una cédula le cuesta al país $5,40. En promedio, se producen cerca de 800.000 documentos de identidad al año; es decir, se gastan más de $4 millones.
Otro aspecto negativo, además del económico, es la contaminación ambiental que provocan estos documentos, ya que son fabricados con policarbonato, material que no se degrada con el tiempo.
“Estamos tratando de que las personas puedan identificarse por medios biométricos. Es más barato, seguro, eficiente y está acorde con la estrategia que tiene el país de ser carbono neutral”, afirmó Dennis Cascante, director de estrategia tecnológica del TSE.
Si bien es cierto que los métodos biométricos facilitan la identificación de las personas, el tema ha provocado la apertura de debates en todo el mundo acerca de cuáles son las garantías de seguridad que se les ofrecen a los ciudadanos con el manejo de su información personal.
Proyectos en marcha
El TSE ya tiene en sus registros las huellas dactilares de todos los ciudadanos. Ahora el próximo paso es incorporar en sus sistemas las fotografías para hacer posible el reconocimiento facial.
La institución les facilita estos datos a las entidades del Estado que necesitan la información; por ejemplo, fuerzas policiales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hospitales, el Ministerio de Hacienda, entre otros.
Ya existen proyectos en marcha en relación con la identificación biométrica. Uno de ellos se lleva a cabo en el hospital San Vicente de Paúl en Heredia.
Al llegar a este centro médico, el paciente no requiere portar su documento de identificación, sino que se presenta en la ventanilla, da el número de cédula de identidad, coloca su dedo índice en un lector de huella dactilar y se valida con la que tiene registrada en el TSE. Finalmente, se verifica la condición de aseguramiento y se procede con la atención.
El sistema de identificación funciona al interconectar las bases de datos del Registro Civil con las del Expediente Digital Único en Salud (Edus) y del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
El objetivo principal de esta iniciativa es evitar la suplantación de identidad y brindarles a los pacientes una atención adecuada sin necesidad de portar ningún documento físico.
El precio de los lectores oscila entre los $15 y los $300. La idea del TSE es adquirirlos por volumen de compra para obtener precios asequibles.
Otro proyecto de identificación biométrica se plantea para el Depósito Libre de Golfito, donde se eliminarán las tarjetas físicas de compra para sustituirlas por una digital.
Este proceso se efectúa con solo que la persona coloque su huella en el puesto de registro.
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Con esta forma de identificación se elimina la posibilidad de suplantación de identidad y se agilizan los controles que lleva el Ministerio de Hacienda.
En el caso de los sistemas de reconocimiento facial, el TSE proyecta tener lista su base de datos con las fotografías de todos los ciudadanos para el segundo semestre del 2020.
Una vez que esta información esté disponible, los entes policiales podrán tener acceso a estos datos para facilitar sus procesos de investigación y controles de seguridad.
Además, el TSE espera poner en marcha un plan piloto en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para el reconocimiento de los pasajeros a través de métodos biométricos para hacer más rápido el control migratorio.
Control de datos personales
El uso de datos biométricos por parte del Estado reaviva el debate acerca de hasta dónde se debe utilizar esta información y cómo se debe respetar la privacidad de cada habitante.
En el caso del Reino Unido, país que tradicionalmente ha sacrificado la privacidad más que otras democracias occidentales –principalmente por la seguridad–, se ha puesto a prueba la forma en la que se lleva a cabo la vigilancia en el país.
En esta nación europea se han instalado alrededor de 420.000 cámaras de circuito cerrado con sistemas de reconocimiento facial en todos los rincones de las ciudades, incluso en vehículos policiales que transitan durante todo el día.
Con las cámaras se pueden llevar a cabo verificaciones de identidad en tiempo real, lo que ha generado preocupaciones entre los funcionarios públicos, los grupos de la sociedad civil y los ciudadanos.
Por ejemplo, una persona demandó al Estado porque dijo que la policía había violado su privacidad y sus derechos humanos al escanear su rostro sin su consentimiento en al menos dos ocasiones; una vez estando de compras y otra cuando asistió a un mitin político, según informaciones publicadas por el periódico estadounidense The New York Times.
“La tecnología está avanzando, y las leyes siempre se quedan rezagadas”, dijo Tony Porter, comisionado de cámaras de vigilancia del Reino Unido a este medio norteamericano.
Desde el 2017, un total de 58 personas han sido arrestadas después de ser identificadas con esta tecnología.
Quienes están en contra del uso del reconocimiento facial afirman que se trata de una invasión de la privacidad debido a que las personas no tienen el conocimiento de cómo ni cuándo se están usando sus datos biométricos.
En Estados Unidos y otros países de Europa se genera la discusión acerca de cómo el uso de biometría se puede extender más allá de su uso con fines policiales y llegar a las compañías privadas para hacer negocios con los datos personales de los ciudadanos.
La ética de la tecnología está todavía en construcción y las leyes aún se quedan atrás ante este tipo de avances, por lo que es necesario que exista una normativa que especifique cuándo pueden usarse estos programas, cómo deben construirse y por cuánto tiempo se almacenarán las imágenes.
Estos son pequeños grandes detalles que vienen de la mano de las innovaciones tecnológicas.
De momento, el TSE trabaja en construir una plataforma que contribuya con la agilidad en los servicios públicos y que sea de carácter responsable con el fin de llevarle a la ciudadanía una identidad digital.
