El crecimiento de la producción de Costa Rica presenta una dualidad a la que es importante ponerle atención. Por una parte, tenemos un sector muy dinámico que ha liderado el crecimiento económico del país en las últimas décadas y que en el último año creció más de 20%. Nos referimos a la producción de las empresas que operan bajo regímenes especiales tributarios, con beneficios como la exoneración del impuesto sobre la renta, dentro de las cuales se ubican las empresas de zonas francas.
Estas empresas se dedican a producir bienes y servicios de exportación. Son principalmente de capital extranjero y emplean a trabajadores costarricenses con habilidades, experiencia y educación superiores al promedio nacional.
Por otra parte, el resto de las empresas que componen el parque empresarial del país han venido creciendo muy lentamente. En el último año, la producción de estas empresas que operan bajo el denominado régimen definitivo apenas creció 2%. Estas empresas se dedican a producir bienes y servicios destinados al mercado local, el cual depende de la demanda interna.
La dinámica de la producción de las empresas de regímenes especiales está determinada por la demanda externa de lo que ellas producen y de la capacidad del país para atraer empresas extranjeras que se instalen en el país. En esto último, el país ha sido un caso de estudio relativamente exitoso a nivel internacional, especialmente en lo que se refiere a la productividad de los trabajadores costarricenses. No obstante, no puede negarse el hecho que los incentivos tributarios que reciben implican un costo fiscal para el país que de una u otra forma debe ser cubierto por la colectividad, a cambio de la generación de empleos de calidad. También se ha privilegiado de una mayor inversión pública y de políticas gubernamentales de reducción de tramitología.
Las diferencias tan marcadas entre estos dos grupos de empresas merecen un análisis profundo, pues las empresas dinámicas bajo regímenes especiales representan solo el 12% de la producción nacional, mientras que el resto de la economía prácticamente estancada y que contrata a la inmensa mayoría de trabajadores explica el otro 88%. Estas diferencias permiten lanzar dos conclusiones importantes.
En primer lugar, no ha existido una fuerte vinculación entre las empresas de regímenes especiales y el resto de la economía. El país tiene el potencial de equiparar el crecimiento económico entre estos dos grupos de empresas si las cadenas productivas lograran una mayor integración entre las empresas de zonas francas y las empresas destinadas al consumo local. Esto traería mucho beneficio al país, en especial en la generación de empleo formal a las personas que hoy tienen dificultades para encontrarlo, lo cual también ayudaría a mejorar la distribución de la renta.
En segundo lugar, cabe preguntarse si los incentivos fiscales son realmente los elementos determinantes de la atracción de inversiones del país. Si la respuesta es positiva, se podría argumentar que las empresas del régimen definitivo también podrían mejorar su dinamismo si gozaran de incentivos fiscales similares. Habría que evaluar una forma de hacerlo guardando un balance en la recaudación. Un verdadero proyecto de renta global podría ser una alternativa, en donde quienes paguen renta sean las personas dueñas del capital que reciben las utilidades de empresas que operarían sin tributos o con tasa reducida para incentivar el empleo. Este es solo un ejemplo.
Si la respuesta es negativa, el panorama es más complicado porque entonces hemos venido subsidiando un sector de la economía de forma innecesaria y el país debería entonces cambiar sus incentivos fiscales por políticas que favorezcan la productividad y la competitividad empresarial. El esquema actual no es neutro para todos los habitantes, pues la atracción de inversiones, aparte del costo fiscal, implica la entrada de capitales por inversión extranjera directa. Ello tiende a apreciar el colón y a restarle competitividad a las empresas dedicadas a suplir la demanda local y que compiten con importaciones más baratas. Así, cabe preguntarse si los incentivos fiscales deberían al menos depender de la vinculación de las empresas de regímenes especiales al resto de las empresas del país que no gozan de esos beneficios.