La propuesta del Gobierno para sustituir el proyecto de ley de reforma tributaria que está en discusión en la Asamblea Legislativa fue rechazada. Hay varias lecciones que debemos aprender de esa decisión, que contó con mi apoyo.

Primero, no hay duda de que Costa Rica requiere una reforma fiscal sustancial, que permita estabilizar el crecimiento de la deuda pública. La reforma debe aprobarse y ponerse en ejecución a la brevedad posible. La deuda pública es muy alta, cada vez hay que pagar más intereses por ella, y esos altos y crecientes intereses nos afectan a todos, en especial a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas, altamente endeudados. Ya lo estamos sintiendo. Para que esta situación no empeore, tenemos que resolver la crisis fiscal.

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Segundo, la reforma fiscal demanda acuerdos con todos los grupos afectados y un esfuerzo colectivo para proteger los intereses de las mayorías. Es un proceso muy complejo, en especial porque algunos sectores tienen mayor capacidad para defender sus intereses. Todos debemos aportar a la solución de acuerdo con nuestra capacidad. El que más tiene, debe aportar más. Para ello, los que intervenimos en las negociaciones debemos estar alertas y buscar balances lo más equitativos posibles. Nadie debe tratar de imponer su propia visión, la reforma debe ser producto del más amplio consenso posible. Mi preocupación se centra en los grupos medios y los jóvenes, quienes enfrentan problemas de desempleo y alto endeudamiento. De no tener cuidado, ellos podrían ser quienes carguen con el costo de la reforma.

Tercero, el contenido general de la reforma se ha venido construyendo lentamente, a lo largo de las últimas dos décadas: contención y reforma del gasto, mejoras en la recaudación fiscal, reforma del IVA y del impuesto sobre la renta. Eso es lo general. Pero el reto, como siempre, está en los detalles.

En cuanto se refiere a los impuestos ¿cómo será la reforma? ¿Se amplía el IVA a servicios? ¿Habrá excepciones en algunos de ellos? ¿Se mantienen las exoneraciones o se fijan tasas bajas en algunos bienes y servicios para que todo quede incluido en la red de información y controles cruzados que genera el impuesto? ¿Cómo hacemos para minimizar el impacto sobre los grupos de menores ingresos? ¿Será posible y deseable adoptar un sistema de devolución del IVA a los grupos de menores ingresos? ¿Será necesario aumentar las tasas del impuesto o es suficiente con la tasa del 13%?

¿Y el gasto?

En el caso del impuesto sobre la renta, ¿de qué se trata? ¿Se hará más progresivo, con renta global y tasas marginales más altas para las personas? ¿Se tratará por igual a los iguales, eliminando diferencias y privilegios injustificados? ¿Adoptaremos ya las normas propuestas por la OCDE, o esperaremos a que se presente una propuesta integral para el ingreso a dicha organización?

Y en cuanto al gasto, ¿cómo hacer para que no crezca de manera descontrolada? Las propuestas que hemos escuchado se centran en contener el crecimiento de los salarios en el Poder Ejecutivo. Eso es importante. Pero los principales problemas no están allí, sino en el sector descentralizado y en los otros Poderes, en especial el Judicial. ¿Qué propone el gobierno para enfrentar esos desafíos? Porque si no se enfrentan, reaparecerán. Especial atención deben recibir las instituciones que reciben transferencias “garantizadas” del gobierno. El problema surge cuando pueden definir sus gastos y exigir luego los recursos para cubrirlos. Ese es un “barril sin fondo”. Todavía falta mucho trabajo por parte del gobierno en este campo. Y tienen que verse los resultados, como debió suceder en el caso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

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Para concluir, debo mencionar que me preocupa la propuesta gubernamental de que se autorice una nueva emisión de deuda pública en los mercados internacionales. Si autorizamos más emisión de deuda es muy probable que una buena parte de ella se use para gasto corriente, como ha ocurrido en el pasado. Y esa experiencia no debe repetirse. Por eso considero preferible que, si hay que contratar deuda externa, se haga con organismos multilaterales que nos garanticen que los recursos se usarán responsablemente. La situación es crítica y por ello hay que actuar con mucha cautela.

Esas son algunas de las grandes preguntas. Responderlas demanda diálogo, disposición a ceder de todos los actores y transparencia. De lo contrario, no habrá acuerdo posible a pesar de la buena voluntad de los diputados y diputadas, y de algunas personas en el gobierno mismo. El rechazo del “texto sustitutivo” es una oportunidad de responder seria y rápidamente al problema colectivo.