Desde hace varios años, Costa Rica se ha mantenido como un país con un alto potencial para lograr la colocación de proyectos de inversión en la región centroamericana. Aunque Estados Unidos continúa aportando el mayor porcentaje de la inversión extranjera directa (IED), ciertas naciones europeas e incluso asiáticas han venido a robustecer el perfil de los inversionistas extranjeros en el país.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre IED, Estados Unidos fue la nación con mayor salida de inversión hacia el exterior en el primer semestre del 2023, con aproximadamente $200 billones. Sin embargo, China, Japón y Alemania se mantienen en la lista de los otros países con inversiones extranjeras significativas con casi $250 billones de inversión en ese mismo periodo.
Es importante acotar que en los últimos años se ha empezado a evidenciar una nueva tendencia de participación de otros actores en el panorama de proyectos de exportación en regímenes especiales, y se trata de los actores locales.
LEA MÁS: ¿Cuáles carreras del TEC reciben más solicitudes de matrícula? Estos son los datos del 2024
Por una parte, se encuentran aquellos proyectos de capital nacional que optan por ubicarse en un régimen como el de zonas francas, para buscar una opción que les permita una expansión de sus proyectos hacia el exterior, pero de la mano de un paquete de incentivos que les brinde un aire para lograr el equilibrio financiero de sus proyectos. Es así como vemos iniciativas —principalmente en el área de tecnologías de la información— que buscan abastecer mercados extranjeros, pero apalancándose en recursos locales.
Por otro lado, se encuentra el fenómeno de los encadenamientos productivos, aquellos proyectos que cubren diferentes necesidades de las empresas en régimen de zona franca y que se consolidan en el mercado costarricense. Esto es lo que se ha denominado “derrame de productividad”.
Desafíos
Es importante analizar cuáles son algunos de los principales retos que enfrentan estos proyectos, los cuales deben ser abordados de manera integral para lograr el mayor beneficio y asegurar el éxito del ecosistema de inversión y promoción de exportaciones. Estos retos se agrupan en dos grandes áreas: operativos y económicos.
Los retos operativos hacen referencia a las condiciones que pueden impedir que los proyectos de zona franca logren niveles óptimos de eficiencia. Se trata de los desafíos que pueden afectar a proyectos de inversión extranjera, inversión local e incluso los encadenamientos, tales como: cadenas de abastecimiento, empleabilidad y adaptación tecnológica.
En primer lugar, están las cadenas de abastecimiento, es decir, aquellas redes de proveedores que permiten que las empresas que están en regímenes especiales puedan ejecutar sus actividades. No obstante, la falta de disponibilidad de oferentes especializados genera la necesidad de buscar proveedores en ubicaciones alejadas, incrementando los costos operativos. Incluso, en ocasiones, las empresas multinacionales desean fomentar los encadenamientos locales, pero los oferentes no están en capacidad de cumplir con los estándares de calidad requeridos por estas empresas.
En segundo lugar, están los retos de empleabilidad. El sector de zonas francas en Costa Rica es de alta calidad técnica en cuanto al talento humano, por lo cual, se ha visto como un sector muy dinámico en cuanto a empleabilidad y atractivo para muchos profesionales de distintas ramas. Sin embargo, se ha generado una alta oferta laboral en diferentes áreas —como servicios, ingenierías, manufactura especializada— que en ocasiones no logra alinearse con los proyectos actuales. Además, existe un fenómeno de desaceleración que ha generado una retracción en los procesos de contratación, y sumado a la caída del tipo de cambio, genera una presión muy alta para mantener los niveles de empleabilidad que se venían presentando en el sector.
En tercer lugar, está el reto de adaptación tecnológica. Este reto podría incidir principalmente en los proyectos locales y encadenamientos, ya que estos podrían no tener la capacitación para implementar nuevas tecnologías en sus procesos productivos, lo que los dejaría en una clara desventaja respecto a los proyectos de mayor escala que incluso están localizados fuera de las fronteras costarricenses.
De hecho, el estudio global de Deloitte, Predicciones TMT 2024, concluye que hay tres elementos que tendrán un impacto significativo en las economías: inteligencia artificial generativa, sostenibilidad y necesidad de monetización en el ámbito tecnológico. Estos elementos ciertamente podrían retrasar la capacidad de adaptación tecnológica de proyectos que no cuentan con un brazo financiero lo suficientemente robusto.
Por su parte, los retos económicos no son menores y los desafíos fiscales tienen un impacto directo en el resultado financiero de los proyectos de promoción de exportaciones.
LEA MÁS: Crisis en puerto Caldera: buques graneleros y carreros buscan opciones para atracar en Costa Rica
Como bien se sabe, los proyectos bajo regímenes especiales cuentan con una serie de incentivos fiscales que buscan promover una mayor inversión en el país. Es así como existen exenciones de distinta naturaleza y materialidad, aquí sobresale la exención en el impuesto a las utilidades, y otras más como la del impuesto al valor agregado (IVA), impuestos a la importación, impuestos de retención a los no domiciliados, impuestos municipales, entre otros.
Sin embargo, existe un fenómeno importante que podría impedir un adecuado aprovechamiento de estos beneficios fiscales —y por ende afectar los resultados económicos de las iniciativas de promoción de las exportaciones y sus encadenamientos— y es la mala gestión fiscal de los proyectos. Esta situación se genera por múltiples factores, pero uno de los que tiene mayor impacto es la falta de una planificación fiscal integral.
Aunque localmente existen beneficios fiscales disponibles, en ocasiones no se toma en cuenta que los efectos fiscales podrían impactar a los proyectos en los países de origen de las inversiones, tal como podría suceder con la aplicación del impuesto mínimo global.
Ahora bien, un ejemplo de impacto fiscal podría suceder en el caso de los servicios, donde los clientes extranjeros a quienes se les presta el servicio podrían verse obligados a aplicar retenciones de impuestos sobre los pagos que deben realizar a la entidad costarricense. Esto podría ocasionar que, a pesar de la exoneración, la rentabilidad neta del proyecto sea menor, afectando las proyecciones económicas del grupo.
Otro ejemplo de esa mala gestión fiscal se da en los casos de encadenamientos locales, en los cuales se aplica el beneficio de exención del IVA al facturar a empresas en régimen de zona franca. Sin embargo, aunque se aplique de manera correcta el procedimiento de acreditación fiscal, en algunos casos se omite el uso de la regla de proporcionalidad, lo que generaría pagos improcedentes de este impuesto y, en algunos casos, esta situación incluso podría generar auditorías tributarias.
Ante este panorama, resulta esencial promover una cultura de planificación estratégica de los proyectos de promoción de exportaciones, para que las empresas de inversión extranjera y las de capital local cuenten con el conocimiento necesario para evaluar todas las aristas que pueden impactar sus proyectos, y de esta manera, con el adecuado asesoramiento, puedan tomar las medidas que les permitan potenciar su crecimiento y desarrollo.
La clave estará en la preparación, capacitación y conocimiento de los regímenes de promoción de exportaciones, así como el tratamiento fiscal aplicable a fin de buscar una aplicación efectiva de las reglas y beneficios que se ofrecen.
La autora es socia de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica.